Uno de los casos públicos más horripilantes que conocimos en las últimas semanas, recién ha dado un giro con el cuestionamiento de la identificación de delincuentes, en el siempre abierto debate de la batalla contra la criminalidad.
Me refiero al caso de Gisèle. La historia es escalofriante, e inútil imaginar en estas líneas el sufrimiento de Gisèle tras descubrir la barbaridad a la que fue sometida. Dejaremos los detalles cronológicos a las fuentes de primera y subrayemos el acto perverso de su esposo Domique Pélicot, que sistemáticamente la drogó durante años para inducir a hombres a que se sirvieran sexualmente de su cuerpo.
La fotografía filiativa, aún de bordes endebles en cualquier sistema judicial, tiene, en general, protocolos para salvaguardar la identidad de los acusados; como la discreción de su retrato en medios, la denominación obligatoria de “presunto”, el uso de iniciales por apellidos o la restricción del registro fotográfico en los juicios, pero en esta ocasión la indignación fue tal que provocó la participación de la comunidad en una especie de desobediencia social para ir descubriendo, fotografiando y publicando los rostros de cada uno de los cómplices, en un intento de cultura de la prevención.
Hoy, es el caso aislado de un lejano país de primer mundo, pero en casa tenemos ropa sucia que debemos lavar, y una cuestión útil es la identidad de los delincuentes que tanto ha romantizado el cine y los podcast de true crime. Recordar que estos actos atroces no son perpetrados por monstruos o zombies que arrastran piernas sino por individuos de rostro reconocible, como el maestro de nuestros hijos, nuestro dentista o el vecino ejemplar.
Gisèle, cuya identidad no ocultó y por decisión propia enfrenta un juicio público, es una muestra de la altura moral que ni la de 51 cobardes depravados y contando alcanzarán jamás...
POR CYNTHIA MILEVA
EEZ