Decretada ya la Reforma Judicial, el gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena en el Congreso de la Unión pondrán en marcha un proyecto para renovar, de forma y de fondo, la manera en la que operan las 32 fiscalías estatales de todo el país.
Mediante una nueva iniciativa buscarán homologar sus funciones, alcances y estructuras, con la idea de quitarles autonomía y que dependan de la Fiscalía General de la República para que también trabajen en coordinación con la Secretaría de Seguridad que estará bajo el mando de Omar García Harfuch.
Desde la 4T plantean un proyecto que cambiará 180 grados la forma de procurar y administrar la justicia en México.
La Reforma Judicial, me hacen saber desde el equipo de transición de la Presidenta electa, fue el primer paso para abatir la impunidad, la corrupción y la violencia.
Se acabará aquella política de los “abrazos y nos balazos”. Todas las medidas para hacer frente a la inseguridad y administrar mejor la justicia cambiarán desde la raíz.
No más jueces y ministros corruptos. Pero también no más fiscales carnales ni cómplices de la delincuencia. Buscarán poner fin a quienes hacen y deshacen a su antojo.
Quieren evitar que las fiscalías sigan siendo utilizadas para vendettas políticas, ajustes de cuentas entre grupos económicos y como instrumentos de poder para el crimen organizado y delincuentes de cuello blanco.
La realidad habla por sí sola. Hay estados en donde las y los gobernadores no han podido meterlos en cintura. Y hasta parece que les tienen miedo.
Es el caso de entidades como Tamaulipas, en donde el fiscal Irving Barrios fue heredado por el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y sólo responde a él y a sus intereses, haciendo la vida de cuadritos al gobernador actual, Américo Villarreal, y a su familia.
Otro caso fue el de Veracruz, en donde el gobernador saliente, Cuitláhuac García, mantuvo una lucha durante casi toda su gestión con el exfiscal Jorge Winckler a quien denunció por diversas razones.
Pero esta mala relación no sólo afecta a gobiernos de Morena. El emecista Samuel García, de Nuevo León, ha tenido que lidiar con el encargado de despacho de la fiscalía estatal, Pedro Arce, a quien lo menos que la dicho es “patán” y “capo”.
En el caso de las mandatarias entrantes también hay temas pendientes. La gobernadora electa de Morelos, Margarita González, anunció que promoverá la remoción del fiscal Uriel Carmona, por su mal desempeño y el papelón que hizo con el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López.
Guanajuato también es ejemplo de la mala actuación. El fiscal Carlos Zamarripa tuvo una pésima relación con el gobierno federal, provocando una imparable escalada de violencia. Nunca se dejó ayudar.
Por esa y otras razones, la Presidenta electa y su equipo trabajan a marchas forzadas para concluir el proyecto que cambiará la manera de procurar justicia en México.
Los senadores Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, quien será la próxima consejera Jurídica de la Presidencia, son los responsables de darle forma a la iniciativa.
Dejarán ambos la Cámara alta el próximo 30 de septiembre, pero antes pondrán en manos de Adán Augusto López y Ricardo Monreal un proyecto que será igual de ambicioso que la Reforma Judicial. E imprimirá uno de los primeros sellos de la presidenta Sheinbaum.
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EL REPRESENTANTE LEGAL de Alejandro Moreno, Félix Enrique Selem, envió una carta en la que plantea que es una “mentira” y una “calumnia” decir que Alito está usurpando la dirigencia del PRI, como lo publicamos en este espacio.
Según sus dichos, su reelección y dirigencia actual está sustentada en el marco legal.
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: "La justicia es un chiste que nadie entiende, pero que todos temen".
POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO
ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM
@ALFREDOLEZ
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