La decisión de alejar los puntos de abordaje para los servicios de transporte por aplicación, como Uber, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que lleva el Contralmirante José Ramón Rivera Parga, ha puesto en jaque tanto a conductores como a usuarios y exhiben las presiones a las que han sucumbido las autoridades.
Así lo dijo Nicolás Sánchez, director de asuntos públicos de Uber México, con quien tuve oportunidad de platicar en mi noticiero de Radio Fórmula. A su consideración, esta medida, más que una solución, ha creado un nuevo problema: escasez de unidades para atender la demanda de pasajeros.
Hoy en día, las más de 300 terminales aéreas en las que tiene presencia Uber a nivel global permiten la coexistencia de taxis tradicionales y de aplicación; sin embargo, en México, la presión de un grupo de taxistas parece haber frenado el progreso hacia una solución más inclusiva y conveniente.
“No entendemos cuál es el racional detrás de esta decisión”, lamentó Sánchez al recordar que las alternativas de movilidad como la plataforma, son indispensables para atender la demanda actual de servicios en las terminales 1 y 2 del aeropuerto más transitado del país.
Para muestra un botón. El problema se hizo notorio desde las primeras horas de aplicada la medida, con largas filas de usuarios aguardando para abordar un taxi, ante el “desabasto” de las unidades locales y el desplazamiento de los choferes de apps a zonas de abordaje para las que hay que caminar hasta un kilómetro.
“Pensemos en turistas, pensemos en personas que van con maletas y más grave aún, pensemos en personas con discapacidad”, pidió el representante de la plataforma de movilidad. A pesar de contar con una suspensión definitiva que les permite operar sin restricciones en aeropuertos, la empresa y sus usuarios enfrentan un panorama complicado, por la toma de decisiones supeditadas a la presión de una minoría y lejos de las necesidades de millones.
Los avances a los que habían llegado con el gobierno federal y que alinearían a México con el estándar internacional se vinieron abajo, y aunque la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), encargada de la administración y seguridad en el AICM, ha prometido revisar el tema y llegar a un acuerdo, se prevé que será de término medio.
Paralelo a esto, no se debe olvidar que las empresas de taxis concesionados adeudan alrededor de 36 millones de pesos al aeropuerto capitalino, situación que pone también en entredicho la viabilidad de continuar favoreciendo los servicios de transporte tradicionales frente a una plataforma como Uber, que moviliza a ocho millones de usuarios en México cada mes, bajo la dirección de Juan Pablo Eiroa.
El llamado es a que la autoridad asuma su liderazgo en la materia y avance, con carácter de urgente, con una reforma que permita una operación, más que armónica, necesaria.
POR JAIME NÚÑEZ
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