La aprobación de la Reforma Judicial estuvo llena de irregularidades que, además de cuestionar la legalidad del procedimiento, atentaron contra pilares de la democracia. La acumulación de vicios a lo largo de este proceso revela una estrategia orquestada desde el poder para imponer cambios que no benefician ni a la justicia ni a la ciudadanía, sino a intereses específicos.
Uno de los primeros indicios de este atropello fue la captura de instituciones clave, como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este control permitió, entre otras cosas, que quienes promovieron la reforma gozaran de una sobre representación legislativa que violó abiertamente la Constitución. Es aquí donde vemos la primera transgresión al Estado de Derecho: las reglas democráticas fueron manipuladas para asegurar que el oficialismo tuviera el poder suficiente para moldear el país a su antojo.
Más alarmante aún fue el desacato judicial en el que incurrieron cuando, a pesar de las suspensiones legales otorgadas por el Poder Judicial, las discusiones sobre la reforma continuaron. Este acto de desobediencia institucional violó la autonomía de uno de los poderes fundamentales y marcó un precedente peligroso en el que la ley es ignorada cuando no conviene a los intereses del poder.
La aprobación de la reforma en una sede alterna, diferente a la Cámara de Diputados, solo refuerza la percepción de que este proceso fue todo menos transparente. ¿Cómo se puede esperar confianza en las instituciones cuando las mismas reglas de la democracia son burladas con tales maniobras?
Por si fuera poco, las prácticas de represión y coacción alcanzaron niveles inaceptables. Pactaron impunidad con un senador necesario, y descaradamente detuvieron de forma ilegal al padre de otro senador para impedir su participación en la votación. Estos actos muestran el verdadero rostro de un gobierno que está dispuesto a torcer la ley y pasar por encima de todo para obtener sus fines.
Las manifestaciones de jóvenes estudiantes y trabajadores del Poder Judicial, que fueron silenciadas con violencia, demuestran que la resistencia a la reforma surge de quienes conocen de primera mano el impacto devastador que tendrá en el sistema de justicia. Los gritos de esos manifestantes representan la voz de una sociedad que busca justicia y equidad, frente a un régimen que intenta imponer su voluntad sin rendir cuentas y cuyos límites de desdibujan continuamente.
Este es el panorama de un país donde las instituciones, lejos de fortalecer la justicia, han sido secuestradas por quienes desean perpetuarse en el poder. Mientras tanto, los derechos fundamentales y la voz de la ciudadanía se ven aplastados bajo el peso de un proceso viciado. En momentos como este, es urgente recordar que la justicia no es un favor del Estado, sino un derecho inalienable. Si permitimos que las leyes sean pisoteadas hoy, sólo nos quedará desear no serle incómodo al régimen en el futuro, sin importar quién seas o a qué te dediques.
Por: Itzel Arellano Cruces
Consejera Regional del PAN CDMX