En las bochornosas sesiones en las Cámaras de Diputados y senadores en donde se discutió y aprobó atropelladamente la Reforma Judicial, el principal argumento esgrimido por sus promotores morenistas fue que se trataba de un mandato popular, ya que ellos habían vencido ampliamente en las elecciones y, por lo tanto, tenían el apoyo del pueblo para llevar a cabo una transformación de esa envergadura.
Sin embargo, es evidente que este argumento es falaz de principio a fin. Primero, porque la coalición gobernante –Morena, PT y Verde— obtuvo en la pista legislativa el 57% de los votos, frente al 43% de la oposición.
Otra cosa es que las autoridades electorales hayan permitido una sobrerrepresentación que les permite gozar de una cómoda mayoría calificada en la Cámara de Diputados y otra más ajustada, previa cooptación de tres opositores, en el Senado. Dicho de otra forma: cuatro de cada diez electores no votaron por ellos. Ese 43% que votó por la oposición también es pueblo, también es parte de México.
Pero, y he aquí el tema central, un cambio de la dimensión que se aprobó no puede hacerse mediante la imposición. La Reforma Judicial implica un cambio de régimen, un modelo constitucional completamente distinto al que imperaba hasta ahora. Una modificación de esa naturaleza requiere un consenso amplísimo. No olvidemos que la Constitución no solamente es la ley fundamental de una nación, sino también un pacto mínimo a través del cual se diseña el marco que habrá de normar la convivencia entre distintos.
Andrés Manuel López Obrador piensa que el “pueblo” son únicamente los que lo apoyan a él, como si fuera un bloque uniforme que comparte los mismos objetivos y aspiraciones. Este enfoque excluye a las minorías y a cualquier sector que no se ajusta a la narrativa oficial, los cuales automáticamente se convierten en adversarios de ese ente llamado “la Cuarta Transformación”.
Esta visión permite la represión de la disidencia, ya que aquellos que no están alineados con la voluntad del “pueblo” son vistos como enemigos del Estado o de la nación. Esto justifica la persecución de opositores políticos, periodistas, activistas y otros críticos del régimen. Esto da pie a la erosión de la división de poderes, la supresión –o manipulación— de las elecciones libres y la eliminación de cualquier forma de pluralismo.
En nombre de la “voluntad del pueblo” se pueden cometer enormes atrocidades. Un “mandato popular” que se utiliza como justificación para imponer reformas trascendentales sin un amplio consenso es peligrosa y antidemocrática. Al excluir a quienes no están alineados con la ideología oficial, se socavan los principios fundamentales de pluralismo y diversidad que son esenciales para una convivencia democrática.
POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL
POLITÓLOGO
@FERDOVAL
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