Hace muchos años existía un mundo en el que predominaba una especie de verdad absoluta sobre cualquier dato relacionado con el poder público. Ahí la sociedad vivía bajo un régimen en el que la burocracia era una sombra omnipresente pero indescifrable, y los detalles de cada acción y decisión gubernamentales estaban ocultos.
La ausencia de información no era una característica peculiar, sino una tradición. Los archivos que resguardaban toda la historia eran intencionalmente enigmáticos, escritos en un lenguaje arcaico y críptico. Las oficinas gubernamentales destacaban entre la gran urbe pero mantenían sus puertas cerradas y custodiadas por guardias quienes no hablaban nunca sobre lo que ocurría en el interior. Quien quería conocer las acciones de las autoridades sólo tenía dos vías: lo que ellas mismas decían; y lo que difundían los medios de comunicación, una labor que se ejercía con base en fuentes o filtraciones pero que pocas veces solía develar algún asunto de interés relacionado con sus actuaciones; imperaba el secretismo.
Después de décadas, la población comenzó a cuestionarse ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuánto?, ¿qué hacen las autoridades con eso? Dejaba de permear la idea de que la opacidad era una parte natural de la actividad estatal. Miles de personas se movilizaban y exigían saber; medios de comunicación, académicos y actores políticos de distintas corrientes impulsaron la apertura de las labores de las instituciones públicas, conscientes de la importancia que representaba no sólo que la sociedad conociera la estructura y el funcionamiento del sistema que regía su existencia, sino darles herramientas a las personas para que fueran partícipes en la toma de decisiones.
Dos razones sencillas pero contundentes se enarbolaban para lograr lo que por años se había ocultado: por un lado, acceder a información veraz y oportuna le permitiría a la ciudadanía tomar mejores decisiones; y, por otro, mientras más conocieran a sus autoridades, más confianza tendrían en ellas. Se buscaba, por primera vez, una especie de diálogo horizontal entre gobernantes y gobernados.
Después de tocar muchas puertas, de horas de diálogo y debate, y de alzar la voz en cualquier espacio, el reconocimiento de la lucha por fin llegaba. El anhelo de la población por conocer las acciones de sus autoridades se veía materializado. Con ello, se consolidaba un nuevo capítulo en su historia, uno basado en la apertura, la participación y la rendición de cuentas. Uno en donde la lucha por la verdad se convertiría en un símbolo, y en donde la transparencia de los poderes públicos finalmente se encontraba en equilibrio con las demandas de la sociedad.
La sociedad por fin tenía derecho a preguntar, pero surgían nuevos desafíos en el horizonte: el poder público no podía ser juez y parte. ¿Qué garantizaba que todo lo que se les pedía se respondiera o que primara el principio de máxima publicidad? Nuevas corrientes ideológicas llegaban y la creación de una instancia autónoma, independiente y técnica en la materia, se vislumbraba como la mejor solución. Un organismo ciudadano para garantizar derechos humanos, una lógica que comenzó a rendir frutos.
Miles de personas obtenían información para mejorar su educación, salud o bienestar; otras se unían para preguntar a las autoridades y obtener elementos para acceder a servicios públicos de mayor calidad y mejorar la seguridad en sus comunidades. Su impacto se potenciaba en manos de periodistas -aquellos que antes requerían de filtraciones hoy tenían un derecho para enterarse y ejercer su labor- quienes daban a conocer los primeros escándalos por mal uso de los recursos públicos. La sociedad empoderada se convertía en una vigilante del poder.
Eso representó el comienzo de una larga historia, sin duda perfectible, pero cuyas contribuciones para la vida de los pobladores de este mundo imaginario están ahí; son tangibles.
Por eso me pregunto ¿Qué pasaría si a ese mundo lo regresaras a aquella época en donde no se podía preguntar? ¿Te lo imaginas?
POR BLANCA LILIA IBARRA CADENA
COMISIONADA DEL INAI
@BL_IBARRA
MAAZ