La reforma judicial que el ejecutivo federal presentó a la Cámara de Diputados, que entre otros aspectos propone la elección de personas juzgadora a través del voto popular, debe ser entendida política y no jurídicamente. El origen de la reforma se atribuye a la deteriorada relación entre la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y el Presidente de la República, López Obrador; puede ser, pero, no hay duda que la reforma, más que una venganza, es una decisión política, que constituye la instauración de las nuevas normas emanadas de la clase política que actualmente detenta el poder.
Para quienes dedicamos la vida al derecho, resulta difícil entender y explicar la reforma; eso se debe a que la política tiene como naturaleza la conquista y el ejercicio del poder soberano, y como explicó Maquiavelo, su objeto es conservar el poder; el derecho, en cambio, delimita y disciplina la acción política. Lo que los hace interdependientes, pero diferentes.
Para los juristas, la reforma debe considerar al menos la división de poderes, la carrera judicial y la independencia; para los políticos, representa un mandato popular expresado en las urnas, basado en la elección de personas juzgadoras para democratizar a un poder corrupto y apartado del pueblo.
Bajo esas acepciones, resulta complejo encontrar coincidencias. La autonombrada cuarta transformación ha dedicado un sexenio a implantar su forma de ejercer el poder político. Combate al neoliberalismo a través de las premisas de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo y primero los pobres.
El poder político no es el único poder en una sociedad; además hay un poder económico y otro ideológico. En el debate de la reforma judicial los tres poderes intervienen y suscitan una pugna entre el poder político y el poder ideológico (muchas veces uno o ambos apoyados por el poder económico). El primero representado por el Presidente y sus simpatizantes y, el segundo, por los juristas (principalmente impartidores de justicia y expertos en derecho: académicos y filósofos).
El poder político cuenta con la fuerza para imponerse; los segundos, con la influencia para el comportamiento del grupo. En nuestros días —recordando a Bobbio— el poder político se erige como poder supremo. Principalmente, si se agrega la legitimidad que Morena obtuvo en las urnas. La Reforma Judicial responde al nuevo diseño del derecho como producto de la voluntad dominante. Se aprobará y aplicará en todo el país. Quien la propone cuenta con la fuerza para hacerlo, para materializar la máxima hobbesiana: “No es la sabiduría, sino la autoridad, la que hace la ley”. Para quienes nos formamos en el Derecho, el nuevo paradigma de la justicia, como cambio brusco, se opone a nuestra visión.
Por eso sugiero miremos la reforma como lo que es: un tema político y, sobre todas las cosas, coadyuvemos al éxito en su implementación, pues a las personas que llaman a la puerta de los tribunales, poco les preocupa la ideología, cuando lo que buscan son soluciones a sus conflictos. Ya la historia se encargará de los protagonistas: pondrá en su lugar a quienes están a favor o están en contra.
POR VICTOR HUGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
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