En cualquier país democrático del mundo, las elecciones se celebran bajo reglas y procedimientos establecidos previamente; como ocurre en el futbol, o cualquier otro deporte. Estas reglas -aunque en muchas ocasiones puedan ser perfectibles o hasta discutibles- son las reglas que deben aplicarse y que conocen todos los jugadores de antemano.
En nuestro país, cada etapa del proceso electoral está puntualmente regulada. El pasado miércoles 28 de agosto, el Tribunal Electoral decidió sobre la asignación de diputaciones plurinominales, un tema que ha acaparado mucho la atención pública por el llamado fenómeno de la “sobrerrepresentación”.
Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la asignación de diputaciones plurinominales se hace conforme a una fórmula detallada paso a paso en la ley y el límite de sobrerrepresentación que establece nuestra Constitución del 8% se hace por partido político en lo individual y no por coalición como se alegaba. Así está escrita la Constitución.
Es importante recordar que el Tribunal Electoral no hace las reglas, sino solo es el encargado de observarlas y aplicarlas. Es el árbitro.
Se pueden hacer interpretaciones evolutivas de la ley, pero eso no significa cambiar las reglas y, con menor razón, una vez que ya se dio un resultado válido con apego a ellas.
Los jueces estamos obligados a hacer valer la ley y la Constitución, al margen de nuestras visiones personales; al margen de que las reglas vigentes nos parezcan inadecuadas o incorrectas. Si la ley es inadecuada o incorrecta, ello debe llevarnos como sociedad a cambiarla en el Congreso.
La decisión tomada por la Sala Superior para aprobar la asignación de plurinominales no hizo más que ceñirse a estas reglas previamente establecidas, las cuales, por cierto, han sido aplicadas de manera consistente por el Tribunal desde hace lustros.
En realidad, no es la primera vez que se presenta el problema de la “sobrerrepresentación” en el Congreso. Este fenómeno ha sucedido en diversos momentos y ha sido validado por el Tribunal Electoral bajo las mismas razones que se dieron ayer: con fundamento en lo que dice la ley y los votos ya depositados en las urnas.
A los jueces, los precedentes nos obligan y tenemos que ser congruentes con lo que se ha dicho en el pasado. No podemos, ante hechos iguales, dictar sentencias diferentes en función de quienes acuden a la justicia. La justicia es y debe ser ciega y predecible para todos sin distinción.
El Tribunal ha sido claro sobre que el límite de sobrerrepresentación del 8% opera por partido en lo individual en atención a lo que dice la Constitución. Esos precedentes debían seguirse por congruencia y objetividad.
Dicho criterio que hemos sostenido durante años no solo obliga al Tribunal, sino también guía el actuar del INE.
En ese sentido, la decisión de confirmar el acuerdo de asignación de diputaciones del INE se dio simple y sencillamente por haberse observado lo que dice el orden jurídico y las sentencias pasadas que ha dictado el Tribunal Electoral respecto de este tema.
Ser congruentes como jueces brinda certeza jurídica a actores políticos y a la ciudadanía sobre las reglas de juego político que aplican en el proceso electoral. Y garantizar la certeza jurídica es, a su vez, esencial para brindar estabilidad al sistema democrático y asegurar la paz social.
Todos los actores políticos eran conscientes y conocían las reglas vigentes. El Tribunal solo ha aplicado esas reglas de manera uniforme e imparcial, sin importar el ganador de una elección.
El miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral únicamente ejerció su papel como árbitro y garante del Estado de Derecho. Como dije, podemos estar de acuerdo o no con las reglas actuales, pero no nos corresponde a los jueces cambiarlas, sino a la sociedad a través de sus representantes populares.
Mientras esos cambios ocurren, los jueces tenemos que estar comprometidos con algo: la ley vigente, es decir, las normas actuales al momento en que nos llega un expediente, así como los principios de supremacía constitucional, legalidad, certeza jurídica y congruencia que son la base de nuestra función. Para eso estamos, no para legislar.
POR FELIPE FUENTES BARRERA
Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
@FFuentesBarrera
MAAZ