La reforma al Poder Judicial que ideó López Obrador equivale a la aniquilación de México. Aún no está aprobada por los legislativos federal y locales (pero no falta mucho) y ya se comienzan a sentir sus perniciosos efectos. Por supuesto, como era de esperarse (a AMLO se le tacha de nocivo, y no de tonto), la 4t culpa a los “yanquis” y a las calificadoras internacionales de intentar desatar en el país una crisis en el ámbito económico-financiero. La estrategia favorita del mandatario: pasar por víctima, vende bien.
Estimados lectores, si yo les pregunto: ¿qué ha cambiado del 2 de junio a la fecha?, no pueden decir que la política de las calificadoras, ni el gobierno de Estados Unidos, ni la muy maltrecha oposición política en México. Lo único que ha variado es la imposición por parte de Morena de una reforma al Poder Judicial que parte de una necedad presidencial. Una imposición que ya de entrada violó el derecho parlamentario, pues se turnó a su votación al pleno sin dar tiempo y espacio para discutirlo en comisiones.
Dicha reforma es el ORIGEN de la debacle que nos acecha.
Y es que como yo, a partir de junio, millones de mexicanos y de norteamericanos han tenido que dar por hecho esa reforma. Después de todo, como lo han dicho Ricardo Monreal e Ignacio Mier, se trata de “un regalo” de despedida para AMLO. O bien, cómo lo reconoció Arturo Zaldívar: la reforma al Poder Judicial no se trata de justicia y no soluciona nada… pero se hará.
La insidia de López Obrador contra esta rama del Estado —hasta hoy la más importante de las tres—, y en particular contra la SCJN, se ha acrecentado ahora que la ministra presidenta Norma Piña aceptó la controversia presentada por el PAN al respecto de la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados. A tal grado que la 4t presentó una denuncia penal contra la jurista por admitir la queja. Un sinsentido y un abuso de autoridad por parte del Ejecutivo federal si se conoce que el ministro González Alcántara, quien deberá analizar y en su caso resolver sobre la queja, ya sentenció que “la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones o senadurías”. En otras palabras, cualquiera que sea la sentencia ante el recurso de impugnación contra la sobrerrepresentación de Morena, ésta no podrá tener por efecto sobre las decisiones del TEPJF.
López Obrador no permite el disenso, no permite que corran y se agoten todas las instancias judiciales; tampoco que exista autonomía alguna frente a su voluntad. Ya echó a andar al tercer poder (me refiero al Legislativo) que debería ser autónomo, solo para satisfacer su voluntad y aniquilar al Poder Judicial.
No sorprende que prácticamente todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación hayan decidido morirse en la raya. Defender con razonamientos, argumentos y fundamentos los problemas que implicaría la reforma impulsada. Lo han hecho de forma educada, sin hacer campamentos en la calle ni grafiteando el mobiliario urbano. Solamente han colocado pancartas en la puerta de la oficina de la ministra Batres y han dado un trato indiferente, seco y frío a las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. ¿La interpelación que hizo la abogada Mildred Barrón, asistente a un foro por la reforma al Poder Judicial, a la constitucionalista Ortiz fue agresiva? En lo absoluto, la joven de Yucatán fundamentó implacablemente su interpelación e hizo evidente (para todos debía ser obvio) el conflicto de interés de esa ministra cuando dice defender al pueblo de México, a la Constitución mexicana, al abierto y equitativo debate y al mismo tiempo defender los intereses de Morena. Barrón dijo: “Las Fiscalías dependen del Poder Ejecutivo, no del que usted representa. Sus intereses son hacia Morena, no hacia la gente. Deje de mentir, es una verdadera pena que estemos aquí los ciudadanos y vengan a mentirnos a la cara... ¿Cuál transformación?
Están destruyendo la democracia, están destruyendo la independencia judicial”.
Sí, en general todos los integrantes del PJ “se mueren en la raya”, salvo criticables excepciones que olvidan la imparcialidad requerida en la Corte y se lanzan a ser publirrelacionistas del régimen.
Sería interesante preguntarse algo que leí en “X” (en esto momento no recuerdo a quién atribuírselo): dado que vivimos en un sistema de gobierno tripartita y dado que dos de los poderes quieren modificar al tercero para volverse un sistema de gobierno unipersonal, ¿es válido que este tercero también quiera y pueda modificar a los otros dos? Es pregunta…
No es la primera vez que desde el poder Ejecutivo se impulsa una reforma de gran calado al Poder Judicial (Ernesto Zedillo, en diciembre de 1994 estableció la pauta para hacer de la Suprema Corte un súper poder profesionalizado), mas la que se presenta hoy en día despierta enormes nuevos peligros y NO resuelve deficiencias. Lo mismo ha sido señalado por la Confederación Nacional de Abogados Postulantes, la Barra de Abogados, la Academia de Ciencias Penales, la Agrupación Internacional de Jueces (conformada por más de 90 países), las cámaras empresariales del país, 23 exjefes de Estado, Fitch-Ratings, Morgan Stanley y Citigroup. No existe un solo lopezobradorista que explique cómo la propuesta hace frente a la corrupción señalada en dicha rama del Estado y garantice una impartición de justicia pronta y al alcance de todos los ciudadanos sin distingo.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
COLABORADORA
VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM
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