Georgina Reed ha vivido dos infiernos: Primero, haber perdido por COVID-19 a su esposo Julio Hoth y Alatriste, presidente del consejo de Productos Medix.
Segundo, un acoso por parte de Ingrid y Guillermo, hijos del primer matrimonio del difunto empresario, de la mano de Abraham del Valle y Mario Lazcano, presidente del Consejo y director de Asuntos Corporativos de Productos Medix, respectivamente, quienes por más de tres años han operado una red de tráfico de influencias en el Poder Judicial de la CDMX.
Lo que empezó como un juicio de sucesión testamentaría se volvió una persecución con 15 procesos en contra de Reed, además de dos vinculaciones a proceso por casos en los que ya se le habían girado órdenes de aprehensión y por los que tuvo que salvaguardarse hasta el juicio de amparo.
Desde el comienzo de su relación con Hoth, Ingrid, hija del empresario, se encargó de hacerle saber su desacuerdo con mensajes intimidatorios. Cuatro años después las amenazas se volvieron hechos de la mano de Abraham del Valle y Mario Lazcano, quien además era el albacea del testamento, en el cual Georgina aparece como heredera de 30 por ciento del patrimonio de Hoth y Alatriste.
El primer ataque fue la negativa de darle a Georgina el monto que le correspondía como viuda, bajo la excusa de saldar deudas que Hoth tenía y obstaculizar sus ingresos al suspender de forma unilateral la relación comercial entre la farmacéutica y las empresas en las que Reed es socia mayoritaria.
A la par, comenzó una embestida plagada de irregularidades en las que los coherederos han llevado a lo penal temas de carácter civil o mercantil, como denunciarla por abuso de confianza por incumplir un contrato de arrendamiento de vehículos con Jolly Haul, empresa del sobrino de Julio.
Júpiter López, quien emitió la orden de aprehensión por violación a las comunicaciones privadas, se negó a procesar por violencia familiar a la expareja de la activista y legisladora electa María Teresa Ealy. Juan Tapia Mejía, encargado del juicio sucesorio, falló en favor de Benito Neme, exdirector de Capufe, para que su expareja perdiera la custodia de sus hijos y tuviera que pagarle una pensión al exfuncionario. Quien lleva dicho seguimiento es Emma Campos Burgos, hermana de Edgar Jesús Campos Burgos, juez encargado del caso por fraude genérico contra Georgina.
En ese juicio, Campos Burgos permitió que un tercero –Pietro Rafael Medina, quien aparece como presunto agraviado en el caso contra Georgina por abuso de confianza– representará a Mario Lazcano a título personal y no como albacea.
Además, toleró que extemporáneamente se incluyera un poder no introducido en la fase probatoria del juicio.
La lucha de Georgina lleva más de tres años opacada por un actuar sesgado de quienes deberían defender sus derechos y en un gobierno que ha jurado velar por las mujeres y luchar contra la violencia de género.
POR ROGELIO VARELA
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MAAZ