Hace unos días me topé a una columnista que llamaba a la actual propuesta de reforma judicial, que propone la elección popular de jueces, como “intrépida”.
No sé si este adjetivo se refería a valerosa o riesgosa, y coincido más con la segunda definición que con la primera. La idea de presentar la elección por voto popular de jueces no solo se antoja peligrosa (cuestión de ver el caso de las alcaldías y como las elecciones se han convertido en ventanas para la cooptación criminal), es también limitadísima.
La propuesta no considera que en México menos de cuatro por ciento de los delitos que se reportan terminan en una sentencia y la cifra negra de delitos no reportados está por arriba del 90%. La mayoría de las y los mexicanos que son víctimas de delitos se quedan en el desamparo de no reportar lo que les ocurrió y elegir a jueces por voto popular no hace nada por corregir este enorme problema. A esto se suma otra omisión que se sostiene en una problemática igual de grave: 96% de los delitos reportados en el país recaen en las fiscalías locales y sus ministerios públicos.
En estas instancias se elaboran la mayoría de las carpetas de investigación que son descartadas en los procesos penales debido a malas prácticas en las diligencias y errores procesales. La reforma no se plantea mejorar las capacidades de litigio de las fiscalías o sancionar actos de corrupción al momento de conformar carpetas de investigación. Tampoco considera las enormes carencias en materia de servicios forenses, una de las omisiones relacionadas a fenómenos criminales tan lacerantes y urgentes como los homicidios y las desapariciones.
La reforma en su estado actual, por lo tanto, no toma en cuenta las instancias más inmediatas que tiene la ciudadanía al momento de interactuar con el sistema de justicia en México. Esto implica a las fiscalías locales, pero también incluye a las corporaciones policiacas. Otra negligencia relacionada a los jueces es que no se plantea una solución al problema de la sobrecarga de trabajo al que se enfrentan. México solo tiene 4 jueces por cada 100 mil habitantes, cuatro veces menos que la media mundial. Cada año los jueces en México reciben 500 nuevos casos generando una carga excesiva de trabajo.
A un nivel más amplio, debemos considerar que aprobar una reforma es la parte más sencilla, es la implementación donde todo se complica y es la fase que tiene menor prioridad para los tomadores de decisiones. Es más sencillo para nuestros políticos presentar las reformas como panaceas que luego son sujetas a mayor negligencia en la vital fase de implementación.
La reforma judicial de gran calado que necesitamos en México implicaría la capacitación constante de jueces y fiscalías para mejorar la calidad de los procesos judiciales y aumentar la tasa de condenas. También implicaría consolidar mecanismos de coordinación con instancias federales cuando las instituciones locales se vean rebasadas por ciertos casos.
La propuesta de elegir jueces por voto popular parece más una vendetta del presidente que jamás ha mencionado el problema de las carpetas de investigación al momento de hacer sus acusaciones. A esto se suma su defensa a ultranza de la prisión preventiva oficiosa, que apunta a una idea de proteger el status quo sobre emprender un complicado proceso de reforma de múltiples instituciones para consolidar un sistema de justicia democrático y equitativo.
Dicho esto, estoy de acuerdo con la columnista anónima citada indirectamente al principio de este escrito: la reforma al judicial es intrépida, pero por riesgosa. Y agregaría algo más: sus limitados alcances también la vuelven bastante miope.