Se veía venir, desde 2018 se manifestó una y otra vez la inconformidad con la existencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
¿Qué pasó o en qué momento inició esa fijación de que el INAI y los organismos autónomos son “onerosos y que no sirven para nada”?
En el pasado quizás se cometieron errores por parte de algunos actores, pero eso no es causa para desaparecer dos derechos de las y los mexicanos. Existen instancias que deben de hacerse cargo de quien lastimó al interior, pero no es admisible que bajo esa tesitura se pretenda desaparecerlo. Pretextos existen y muchos, pero, si de verdad no incomoda que el INAI realice su trabajo y ordene abrir información que cierran, ¿entonces es consigna política?
El viernes 23 de agosto la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que, al derogar múltiples garantías en la Constitución, desaparece el INAI y transfiere sus principales funciones a la Secretaría de la Función Pública.
Pero aún falta un camino por recorrer: en la próxima legislatura pasará al Pleno y de ser aprobado —que es lo más seguro por el número que tienen de curules— pasará al Senado de la República, ahí les faltan tres senadores para consumar esta regresión, ¿habrá tres senadoras o senadores que se presten a desaparecer el derecho ganado por una gran lucha social hace 22 años? Ojalá se privilegien más estos derechos y un país, que un puesto y un favor a cambio.
Ahora bien, recordemos que no sólo pretenden cambiar el artículo 6°, sino además el artículo 76, fracción XII, que da facultad al Senado para nombrar a Comisionados (que fueron omisos de cumplir, pues tenemos dos años sin nombramientos), y el artículo 105-II-H, que confiere facultades al INAI y a los Órganos Garantes Estatales para presentar acciones de inconstitucionalidad; o sea mutilan nuestro derecho a defensa.
Este dictamen deja más preguntas que respuestas: ¿Qué pasará con la Plataforma Nacional de Transparencia y los 15 mil 90 millones 738 mil 668 registros de información pública con los que se cuenta actualmente? ¿Cuál será el proceso para la protección de datos personales en posesión de particulares y quién sancionará en caso de vulneraciones? ¿Quién analizará si una institución debe entregar información cuando la negó en un principio?
Las y los mexicanos merecen respuestas claras, porque están en juego los derechos que sin duda nos han hecho un país más democrático y plural. Algunos de quienes hoy ostentan el poder tuvieron en el acceso a la información una herramienta para documentar irregularidades de otras administraciones; y con esa bandera llegar a sus posiciones actuales, y hoy, por un cargo, no se dan cuenta el daño que le hacen a México.
Seguiré insistiendo en la importancia de que no regresen estos derechos al pasado. La moneda está en el aire: ¿habrá tres senadoras o senadores que se presten a la mayoría calificada para sepultar los derechos de millones de mexicanos?
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
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