El único poder que se había resistido a la presidencia casi todopoderosa de Andrés Manuel López Obrador, hoy está de rodillas, paralizado y mediáticamente pulverizado. Haberle declarado inconstitucional varias reformas de su mandato, ha tenido un precio muy alto.
Buena parte del Poder Judicial está en las calles, en las redes sociales y en los medios tratando de convencer a la ciudadanía que la reforma es dañina para todos los mexicanos.
A las voces y lucha de magistrados, jueces y trabajadores, se han sumado, además de académicos, especialistas, oposición y sociedad civil, las voces de los embajadores de Estados Unidos, Ken Salazar y Graeme Clark, de Canadá, ambos mostrando su preocupación por las repercusiones que los cambios constitucionales tendrán en el futuro inmediato, sobre todo en el ámbito comercial, pero advirtiendo la posible injerencia del crimen organizado en una eventual elección de juzgadores.
El ánimo visceral y la saña con la que se busca implementar la reforma solo es el inicio del ajuste de cuentas al final de sexenio, pero ha sido la respuesta de esta administración y de este movimiento a lo que no se alinea a sus intereses. Visceral fue la respuesta hacia el gobierno de los Estados Unidos, a través de una nota diplomática donde califican las declaraciones de Salazar como “intervencionistas”, a lo que el embajador respondió con un ánimo dispuesto al diálogo.
La saña se ha dejado ver no solo contra ministros, jueces y magistrados, sino contra los empleados que comenzaron el paro esta semana, minimizando su trabajo, haciéndolo ver poco útil a la sociedad, pese a los dichos desde el púlpito presidencial sobre que el conflicto es con “los de arriba” y no con los trabajadores. Pero nada de eso se refleja en los hechos.
La iniciativa para borrar de un plumazo a uno de los poderes de la unión está lista y nadie garantiza que su aplicación haga que la justicia en el país sea pronta, expedita y accesible para todos. Los foros hechos a lo largo del país apenas sirvieron para introducir algunos cambios, pero se mantuvieron oídos sordos a los riesgos que representa el corazón de la reforma, que es la elección popular de los jueces y magistrados.
No por nada empresarios, diplomáticos, especialistas, académicos y ahora empleados han hecho saber con argumentos, sus preocupaciones. Para ellos, la respuesta llega con saña y visceralidad. El sello de la casa.
CONTRASEÑA: El INE selló ayer el futuro del país con la asignación de las posiciones plurinominales. Al mismo tiempo, selló su propio futuro. También ayer se definió el destino de los órganos autónomos, que van camino a la extinción gracias a una iniciativa avalada por la mayoría de Morena y aliados. Otro viernes negro que avisora lo turbulento del fin de sexenio actual y el inicio del próximo.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MAAZ