A todo gobierno le toca enfrentar un momento de inflexión que requiere toma de decisiones con relación a los problemas estructurales y coyunturales que pudiera llegar a enfrentar a lo largo de su administración. Este escenario puede llegar a suceder durante el inicio, en la parte intermedia o inclusive al final de su mandato. Generalmente al compendio de esta clase de circunstancias se les conoce como crisis.
El concepto anterior puede ayudar a describir, la tensa y alarmante situación que se vive en Chiapas, un estado del sureste del país, que sufre una masiva expulsión de diversas comunidades de sus localidades por parte de células delictivas o las acusaciones electorales de Donald Trump sobre la existencia de un narcoestado fuera de control que de acuerdo con su narrativa, existe en México y, por ende, se cuenta con la necesidad de una intervención directa de parte del gobierno de ese país, sobre suelo nacional. Estos dos hechos, revelan el tamaño de la crisis que se avecina y empieza a edificarse día con día, a medida que los vacíos de poder siguen incrementándose.
Al respecto, pueden pensarse paliativos para tratar de atender a estas dos alarmantes noticias, pero solo serían medidas temporales y no soluciones profundas.
En Chiapas, por ejemplo, se trata de pequeñas localidades y en algunas de ellas, la violencia es una versión descompuesta de las viejas rencillas por tierras y bosques que en un pasado no encontraron soluciones, potenciadas ahora por la influencia de grupos de la delincuencia organizada.
Mientras que lo de Trump, no es más un candidato en una campaña mediática cargada de palabrería insustancial que está dispuesto a hacer y decir lo que sea, con tal de ganar la contienda electoral. Pero el impacto comunicacional de estos temas toma credibilidad en el contexto de una estadística roja que alimenta el temor y la exasperación de los ciudadanos por el efecto acumulado de tantas décadas de vulnerabilidad, ignominia y desesperanza en muchos casos.
Las autoridades del gobierno federal pueden tener razón cuando afirman que el número de asesinatos ha descendido alrededor de un 20% respecto al 2018, o que los secuestros que suceden en la actualidad son menos de la mitad de los que regularmente sucedían, en aquellos ayeres. Pero, en contraposición, hay muchas evidencias de que la extorsión y los asaltos a carreteras se han acentuado y, sobre todo, queda la sensación de que el control de muchos territorios por parte de las bandas criminales se ha hecho absoluto en algunas porciones de la geografía nacional.
En partes del sureste se ha retrocedido, mientras que en Guanajuato y Morelos priva el caos y hay un alza desmedida de los delitos de alto impacto; además, en actividades como la venta del aguacate o el limón la delincuencia organizada se ha consolidado como un nuevo agente económico.
Es evidente que una de las prioridades para los ciudadanos de este país, es que esta situación aminore en el menor tiempo posible.
Pensar en el desarrollo de muchas regiones y atraer cuantiosas inversiones es impensable, sin un ambiente de paz y seguridad que hoy no existe. Por ello urge pacificar al país, porque el desarrollo económico de la nación para los siguientes años se sustenta en el crecimiento exponencial de sus economías locales.
La actual crisis de seguridad, no se trata de un fracaso de la presidencia actual, sino del Estado mexicano a lo largo de décadas de desatención y profundos vacíos de poder allanados por el camino de la impunidad y la falta de aplicación del Estado de derecho.
El problema es que seguir ignorando al elefante en la habitación, sin resolverlo, pasa una factura cada vez más costosa por la sofisticación que adquieren los criminales, el control al que someten a los territorios bajo su cargo, su intervención en los procesos electorales, un poderoso vecino exasperado y la presión de los ciudadanos por el efecto acumulado de tantos años de inseguridad en el lugar donde viven sin una respuesta efectiva por parte del gobierno.
En suma, la factura política y económica que ahora recibiría la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en caso de continuar sobrellevando la situación, sería más alta que la de sus predecesores, por lo que el tiempo para hacerle frente a la delincuencia organizada desde la inteligencia y la planeación estratégica ha llegado.
¿Cuál es el panorama en general que deberá afrontar para intentar responder a este desafío? Primero, un antecedente sustancial. La nueva ejecutiva federal recibe el gobierno con un activo que no tuvieron los otros presidentes: una Guardia Nacional de 130 mil elementos y múltiples cuarteles distribuidos a lo largo de todo el país, los cuales garantizan proximidad y mayor celeridad en la parte táctico-operativa de las fuerzas del orden. Se trata de una infraestructura que requirió de cinco años y un ingente presupuesto. Aún falta continuar con la intensificación masiva de más integrantes que ayuden a engrosar las filas de este cuerpo de seguridad, pero en términos generales, ya cuenta con una presencia suficiente para realizar despliegues estratégicos y robustecer las operaciones especiales en cualquier región del país.
Pese a ello, está claro que la estrategia dilatoria de este gobierno para terminar de construir a esta fuerza nacional de seguridad no ha corrido a la velocidad que la coyuntura actual demandaba, y una muestra de tal situación, ha quedado evidenciada con la expansión de grupos de la delincuencia organizada en estados y municipios en donde no se habían registrado incidentes tan preocupantes, como los que ahora, se pueden apreciar en Chiapas.
No obstante, habría que reconocer que, una vez completado, el proyecto de la GN es una opción que permitiría al Estado mexicano emprender, por vez primera, una estrategia ofensiva con ciertas posibilidades de éxito, hablando estrictamente en términos de capacidad de fuego, si es que dichas acciones se ven complementadas por actividades de inteligencia, contrainteligencia y diseño táctico operativo.
La pregunta de fondo es saber si para la estrategia que Claudia ha diseñado, esta fuerza de seguridad nacional podrá ser un componente clave de su centro de operaciones, ¿o solamente formará parte de un activo más de lo que será un nuevo sistema de seguridad y justicia en el país el cuál deberá acrecentar sus ramificaciones desde la atención a las causas, pasando por la investigación hasta llegar a la judicialización y la aplicación de las penas a los delincuentes? Estamos a punto de descubrir si la solución tiene fondo.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INAP
EEZ