UN BUEN PORCENTAJE de los mexicanos odia a las aseguradoras y las considera un mal necesario. Paga religiosamente cada mes la póliza, esperando nunca echar mano de ella, y cuando se ve en la penosa necesidad de hacerlo… comienzan los problemas: les regatean el pago de un siniestro.
(Créditos: El Heraldo de México)
Pues bien, quizás muchos festejen lo que el gobierno de la 4T está a punto de consumar: que las aseguradoras paguen al SAT unos 175 mil millones de pesos de un gravamen no reconocido en el último lustro.
El golpe, mortal para muchas de ellas, se centra en los seguros de gastos médicos y tiene que ver con la interpretación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que les harán retroactivo de 2018 a la fecha.
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El mercado de seguros de gastos médicos se estima en más de 80 mil millones de pesos anuales, con más de cinco millones de pólizas activas. Axa, que dirige Daniel Bandle, concentra el 20%.
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Las otras dos más importantes son Grupo Nacional Provincial (GNP), de Alejandro Bailleres, y New York Life, que encabeza Mario Valdés, con una participación de alrededor de 18% y 15%, cada una. Las aseguradoras esgrimen que el rasero que les aplicó Raquel Buenrostro en 2020 cuando era jefa del SAT les impedirá deducir el IVA que pagan por los gastos médicos, lo que las llevará a la quiebra.
Antonio Martínez Dagnino, Jefe del SAT, mantuvo el mismo criterio, el cual ya se litiga en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia que está a punto de darle la razón al gobierno. Hace exactamente una semana, Martínez, que no ha querido recibirlos, de plano les mandó decir que este caso ya no está en sus manos porque pasó a la ventanilla de la Secretaría de Gobernación.
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Enardecidos, los aseguradores liderados por Juan Patricio Riveroll, cabeza de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), amenazaron con llevar el caso a un arbitraje internacional. De nada les sirvió el estudio jurídico en el que supuestamente demostraban que el criterio del SAT violaba la ley porque el TFJA, que preside Guillermo Valls, ya determinó que paguen.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó el caso al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, quien fuera Procurador Fiscal de la Federación. Por ello Martínez Dagnino se hizo a un lado y la papa caliente le cayó al actual subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, hombre de todas las confianzas del tabasqueño.
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Es la propia secretaria Luisa María Alcalde la encargada de entablar una negociación con las aseguradoras para que liquiden un porcentaje importante de su deuda, antes de la resolución de los juicios.
La propuesta en principio, según fuentes cercanas a la negociación, es un pago por la mitad del supuesto adeudo, algo así como 80 mil millones de pesos. Se trata de una cifra ya muy cercana al monto de las reservas de capital que tiene el sector asegurador para enfrentar riesgos, por lo que, al parecer, la oferta del gobierno no sea negociable.
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Es justamente en esta tesitura que la única solución viable para el gremio que encabeza Patricio Riveroll sean las cortes internacionales, que se espera reviertan los criterios adoptados por el SAT. Las aseguradoras están convencidas que la autoridad fiscal se aparta de los parámetros de certeza jurídica por presuntas violaciones a ordenamientos locales, como la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Del lado del gobierno de AMLO el tema tampoco es negociable, pues calcula que la aplicación del nuevo criterio dejará a las arcas ingresos adicionales por alrededor de 55 mil millones de pesos al año. Muy buenos para perdurar el legado de los programas del Bienestar.
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COMO SE LO adelanté, Pemex alcanzó un acuerdo con el consorcio integrado por CME Oil&Gas, Opex Perforadora y Akal, compañías del Grupo CME, que comanda Alfredo Miguel Bejos, para desarrollar los campos maduros Bacab y Lum, ubicados a 104 kilómetros al noreste de Ciudad del Carmen, Campeche. Éstos se localizan dentro de la reserva de Ku-Maloob-Zaap, en aguas someras del Golfo de México. La inversión será de mil 650 millones de dólares.
CME asumirá todos los riesgos y costos del proyecto. Con este modelo de contratación conocido como CSIEE se abre una ventana de oportunidad para que privados participen en el sector de la mano de Pemex y el gobierno de la 4T, quienes mantienen la propiedad de la infraestructura y operación de los pozos.
El proyecto generará, al menos, una producción total de 73 millones de barriles de petróleo crudo equivalente e ingresos por más de 4 mil millones de dólares en los próximos 15 años, de los cuales casi 60% irá directo a las arcas del país. Para CME el éxito se encuentra en el uso de nuevas tecnologías para incentivar la producción temprana de crudo en campos en declinación.
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LOS ACTORES POLÍTICOS de este país queman sus últimos cartuchos y están haciendo contacto con todo de tipo de intermediarios nacionales e internacionales para detener, matizar, o de plano tratar de congelar la Reforma Judicial que aprobará en septiembre el nuevo Congreso por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Nos dicen que un grupo de empresarios y hombres cercanos a la jerarquía católica pidió al Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, monseñor Rogelio Cabrera, su intermediación para que el Nuncio Apostólico en México, Josep Spiteri, hablara con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin y éste, a su vez, con el Papa Francisco, para que persuadiera a la Presidenta Electa Claudia Sheinbaum a que no se actuara con precipitaciones.
La otra opción es el candidato republicano Donald Trump. Sabemos que ya se hizo contacto con su yerno Jared Kushner. Como se ve, hay desesperación ante lo inminente.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
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