Desde su creación en 2002, el IFAI permitió que los ciudadanos ejerzan su derecho a saber, pero su campo de acción era limitado y no se podía separar completamente de intereses políticos.
El primer caso que atendió el IFAI fue en 2003, cuando se interpuso un recurso en contra de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). Este recurso marcó el inicio de una serie de resoluciones que, a lo largo de los años, han permitido a los ciudadanos acceder a información crucial.
El papel del IFAI continuó siendo relevante durante el sexenio 2006-2012, cuando se instruyó a la Presidencia de la República a entregar audios y documentos sobre las reuniones entre los entonces presidentes Calderón y Peña Nieto. En 2009, otra solicitud reveló la lista de prisioneros fallecidos en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano, con un enfoque de derechos humanos.
La labor del formado INAI a mitad del sexenio 2012-2018 permitió dar a conocer “La Estafa Maestra”, un esquema de corrupción que involucró a varias universidades públicas. Además, el Instituto facilitó el acceso a informes sobre las investigaciones del asesinato de Colosio Murrieta como un hecho histórico que necesitaba respuestas.
En el sexenio que está por terminar se han hecho públicos casos como SEGALMEX, lo que ahora se encuentra bajo las entidades de fiscalización. Y seguimos apoyando a que más personas accedan a pensiones ordenando la entrega de expedientes y semanas cotizadas que les habían sido negadas.
La defensa y legitimidad de la autonomía en la protección de estos derechos humanos no es exclusiva de México. Países como Suecia, Reino Unido, India, Sudáfrica o Nueva Zelanda son ejemplos del porqué se requiere estos aparatos para la protección del acceso a la información pública y la privacidad.
Hoy existe un predictamen para desaparecer a los institutos de transparencia en todo el país. El INAI encabeza la lista pero, ¿dónde o en qué momento pasó esto?
Constantemente, el Presidente de la República dice que ganamos más que él y ahora entiendo, pues recién conocí que 11 servidores públicos de alto nivel están amparados desde antes de mi llegada al Instituto y efectivamente, estas personas ganan más que el Presidente, incluso más que los Comisionados. Por cierto, uno de ellos gozó de los beneficios del amparo y, al ser nombrado, dejó dicha medida legal.
Los conflictos de interés al interior del Instituto fueron denunciados públicamente por mí el pasado 10 de diciembre y por escrito ante la ASF, ya que el Órgano Interno de Control del INAI sabía de varios temas y, a la fecha, sigue sin actuar. Familias al interior del Instituto trabajando y familias de Comisionados de algunos institutos locales; gastos con tarjetas corporativas; viajes excesivos al extranjero, mismos que no siempre han contado con el perfil de las atribuciones que nos corresponden.
La verdad será legitimada por el órgano máximo de fiscalización en este país. De ahí vendrá el saneamiento que todos necesitamos para salvar estos derechos.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
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