En la política internacional, el silencio puede ser tan elocuente como las palabras más contundentes. En el caso de la reciente elección en Venezuela, altamente cuestionada por la ciudadanía, por la oposición interna y por actores internacionales, la ausencia de un pronunciamiento claro puede interpretarse fácilmente como una muestra de complicidad con el régimen autoritario.
Por supuesto, los pronunciamientos públicos de líderes políticos y gobiernos de otros países no son definitorios para el desenlace de una situación eminentemente nacional. Sin embargo, sí son fundamentales para incrementar el costo de una respuesta potencialmente represiva del gobierno frente a la ciudadanía inconforme.
En Venezuela, la presión diplomática de la comunidad internacional puede ser decisiva para que se transparenten los resultados de los comicios, garantizando su legalidad, su integridad y su certeza; pero, ante todo, garantizando el respeto a la voluntad ciudadana.
No es que las palabras puedan cambiar, por sí mismas, el curso de las cosas; pero sí pueden incrementar significativamente la presión internacional contra un gobierno nacional cuya legitimidad es cuestionada, al tiempo que sirven como un aliciente moral para las y los ciudadanos que libran la batalla contra un régimen que pretende negar sus derechos y cancelar sus libertades.
Emitir un pronunciamiento contundente es un asunto de principios, de cumplimiento de compromisos internacionales; pero también un asunto de convicción democrática y de compromiso con los derechos fundamentales.
De ahí que gobiernos como el de Brasil, Chile, Colombia, España o Estados Unidos, entre muchos otros, se hayan sumado en días pasados al llamado por un escrutinio transparente de los sufragios emitidos el domingo.
Al mismo tiempo, no deja de llamar la atención que entre los pocos gobiernos que reconocieron inmediatamente los resultados de los comicios y felicitaron por su reelección al presidente Nicolás Maduro, se encuentran los de Cuba, Irán, Nicaragua o Rusia: todos ellos regímenes iliberales, incluso antidemocráticos.
En ese contexto, emitir un pronunciamiento contundente para exigir el respeto a la democracia en Venezuela no es un despliegue de intervencionismo, sino una muestra contundente del compromiso del Estado mexicano con los principios y valores que ha defendido históricamente en el mundo.
Los principios constitucionales de política exterior no deben ser un pretexto para la indiferencia, mucho menos cuando los derechos fundamentales están en juego. El gobierno mexicano tiene una responsabilidad de Estado, así como la oportunidad de afirmar su liderazgo regional al pronunciarse de manera clara sobre la situación en Venezuela.
Es muy delgada la línea que divide la prudencia amparada en los principios constitucionales del silencio cómplice sustentado en las afinidades políticas. En este momento, la única forma que puede adquirir el respeto a la democracia es la de un pronunciamiento firme en favor de un escrutinio transparente de los sufragios. México debe romper el silencio.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
SENADORA DE LA REPÚBLICA
@RUIZMASSIEU
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