Se ha dicho que, con la reforma al poder judicial federal, se pretende que este sea más eficiente, eficaz y, sobre todo, cercano a la población, basado en que la elección de los jueces, magistrados y ministros sea mediante el voto popular.
La iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende la destitución de 1,600 jueces, magistrados y ministros de un plumazo, para que sus lugares sean ocupados por los elegidos mediante votación de la ciudadanía en 2025.
Es claro que esto significa una reforma de fondo, donde se pretende reconstruir al poder judicial desde los cimientos, partiendo de cero. Se eliminaría con ello el sistema de carrera judicial instaurado con la reforma de 1994, en donde los ascensos son escalonados y se determinan por cursos de formación y exámenes rigurosos.
Es por ello por lo que se puede iniciar una carrera judicial desde abajo y es posible aspirar a llegar a la más alta investidura en el poder judicial, que es ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el caso de Luis María Aguilar, quien tiene 55 años en la judicatura, siendo el integrante más antiguo del Alto Tribunal.
Si bien es cierto, como en los otros dos poderes de la unión, que pueden existir casos de corrupción y, en general, de malas prácticas administrativas, también es claro que con esta reforma draconiana se pueden agravar problemas en lugar de solucionarlos.
La elección de los miembros del poder judicial daría al traste al servicio profesional de carrera y abriría una puerta muy peligrosa, la de la lógica política en los nombramientos.
Se podría entrar a una mecánica de cabildeo, de campañas, de ver quién es el más popular, y entonces no sean los mejor preparados los que ocupen esos cargos de impartición de justicia, tan importantes para que una sociedad funcione bien, sino los más conocidos o carismáticos ante una sociedad que se convertiría en el gran elector y punto de quiebre de la reforma al poder judicial.
Esta reforma podría si no se postulan perfiles calificados y con una trayectoria intachable como juristas, traducirse en una transformación dañina para el sistema de impartición de justicia, además de altos costos para la gente en un mediano y largo plazo.
Decía el escritor italiano Nicolás Maquiavelo, que es defecto común de los hombres no preocuparse por la tempestad durante la bonanza. Hoy la mayoría que votó por Morena se encuentra embriagada de poder ante un triunfo tan claro y contundente, pero esto no significa que las propuestas dejen de ser analizadas con cuidado y con el tiempo suficiente para garantizar que en el futuro funcionen de una forma adecuada y den los resultados esperados.
Decía en días pasados la ministra de la suprema corte, Loretta Ortiz Ahlf, que les comentó a los miembros de Morena que los jueces y magistrados no se dan como si fuera una maceta, que no se cambian de un día para otro.
Calificó a la reforma propuesta como “compleja”, incluso comentó que espera con sus cuestionamientos haber logrado que por lo menos para el caso de jueces y magistrados a nivel federal y local, la designación sea paulatina, debido a las grandes cargas de trabajo que existen en el poder judicial.
Al parecer hasta los ministros designados por el presidente López Obrador ven una reforma compleja, en cambio el político zacatecano, conste que no dije jurista, Ricardo Monreal, está en la lógica de una reforma donde se apruebe en los términos planteados.
POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO
COLABORADOR
@EDUARDO84888581
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