La reciente propuesta de reformar al Poder Judicial en México por parte del movimiento por la Cuarta Transformación de México ha generado un intenso debate en algunos sectores de la sociedad, en el círculo rojo y entre los distintos actores políticos. Estoy cierto que, si bien toda reforma de esta magnitud conlleva desafíos, es muy importante analizar todos y cada uno de los aspectos positivos que se pretenden implementar para mejorar nuestro alicaído y desequilibrado sistema de justicia.
Esta reforma, recordemos, es parte de un paquete de iniciativas a la Constitución que representó el Ejecutivo Federal y que el pueblo de México en su mayoría, casi 36 millones de mexicanas y mexicanos votaron por la continuidad de nuestro movimiento en la figura de Claudia Sheinbaum y votaron también por las propuestas que se presentaron durante campaña, incluyendo la reforma de la que hablamos, por lo que para nosotros sería incongruente no llevarla a cabo.
Esta es también una oportunidad histórica para democratizar y acercar la justicia a los ciudadanos, es la oportunidad para abordar los problemas estructurales de larga data y construir un Poder Judicial más transparente, más eficiente y más representativo de la sociedad mexicana.
Uno de los aspectos más innovadores y positivos de esta reforma al Poder Judicial es la propuesta de llevar a jueces, magistrados y ministros al voto popular, someterlos al escrutinio público. Este planteamiento, si bien ha generado controversia y no podría ser diferente, es innegable que tiene el potencial de inyectar legitimidad democrática a nuestro Poder Judicial, alicaído y desequilibrado, para hacerlo más cercano y responsable ante la ciudadanía. Al final de cuentas, al recibir pago del Estado, deben estar sujetos a la opinión y sanción pública reguladas mediante el voto.
Actualmente, los procesos para la designación de altos funcionarios judiciales se realizan mediante procesos poco transparentes y alejados del escrutinio público. Desde la nueva propuesta, que el Poder Judicial sea elegido mediante la elección popular permitiría que los ciudadanos participaran de manera directa en la conformación de este poder, lo que inevitablemente generaría mayor confianza e interés en su funcionamiento.
Además, obligaría a todos los aspirantes a presentar sus cartas credenciales, su hoja de vida profesional y hasta personal por cuestiones éticas y, su visión de justicia ante la sociedad, lo anterior, pues para fomentar un debate público sobre el perfil idóneo para estos cargos.
Es importante destacar que la elección popular de jueces es innovadora y por lo tanto conlleva retos, por supuesto y estamos conscientes de ello, pero también estamos seguros que con los controles y salvaguardas adecuados, un mecanismo de elección de este tipo puede fortalecer la legitimidad y representatividad de nuestro sistema de justicia, y vaya que necesitamos oxigenarlo.
Otro aspecto positivo de esta reforma es que tiene un enfoque preciso, el de combatir la corrupción y los privilegios indebidos dentro del Poder Judicial. Hoy, transita sobre una percepción generalizada de corrupción, percepción negativa que socava la confianza ciudadana y obstaculiza el acceso a la justicia, esto sin contar el sinnúmero de veces que este poder ha invadido y traspasado las esferas de su competencia.
La propuesta busca implementar mecanismos más robustos de rendición de cuentas, transparencia y vigilancia ciudadana sobre el desempeño de jueces y funcionarios judiciales, porque estamos creando una nueva forma de llevar la vida pública y la transparencia y rendición de cuentas no puede ser selectiva para uno u otro poder. Por estas razones y otras se ha pensado en incluir la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial autónomo y efectivo, de tal suerte que tenga la fuerza para investigar y sancionar conductas indebidas de quienes se supone deben impartir justicia.
POR JORGE ARGÜELLES
COLABORADOR
@JORGEARGUELLESV
MAAZ