El trabajo de cuidados no es una mercancía. Los cuidados son un bien público. Estas son dos de las frases más controversiales que se debatieron en Ginebra entre los días 3 y 14 de junio pasado. En frases como esas se pusieron en evidencia las distancias ideológicas y políticas de un mundo que defiende los derechos humanos y los laborales, y que cree en un mundo del trabajo inclusivo, y otra visión más restrictiva, mercantilizada que está dispuesta incluso a poner en duda los principios fundamentales de la misma OIT.
En el Palacio de las Naciones de Ginebra, Suiza, se encontraron delegaciones de gobiernos, empleadores y personas trabajadoras de los 187 Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para abordar la protección del mundo del trabajo y los derechos de las y los trabajadores de la economía de los cuidados; el mundo del trabajo frente a los efectos del cambio climático, los riesgos biológicos y la nueva revolución tecnológica.
Una de las comisiones que se reunió fue la de Trabajo decente y economía del cuidado, con el fin de elaborar un informe que permita a los países miembros y a organizaciones de empleadores y de trabajadores/as, tener un marco común sobre elementos fundamentales de interpretación de lo que es la economía de los cuidados y su relación con el trabajo decente.
No se trata sólo de hablar de Sistemas de cuidados, en términos de los costos o gastos que implicaría implementarlos, sino de empezar a pensar cuánto costaría a nuestro país seguir recargando el peso de los cuidados en las mujeres. Los costos de la no redistribución. Los costos de oportunidad para las mujeres y las niñas. ¿Cuánto costaría un futuro sin el derecho al cuidado?
De no realizar las políticas públicas y acciones necesarias, en las próximas décadas una gran parte de mexicanas y mexicanos no tendrá atenciones básicas para gozar de una adultez digna. De acuerdo con la OIT, a nivel mundial, las mujeres y las niñas están realizando más de tres cuartas partes de todo el trabajo de cuidados no remunerado.
Dicho esto, nuestros desafíos en torno al cuidado como un bien público son básicamente dos. Por un lado, fortalecer la economía del cuidado -formal e informal-, la cual incluye a la educación pública y la atención de la primera infancia, la salud y el trabajo social, y los trabajos domésticos y de cuidado -remunerados y no remunerados. Por otro lado, promover un mercado laboral robusto en torno a los cuidados que ofrezca trabajo decente, definido como aquel que protege los derechos laborales, con ingresos suficientes y una protección social apropiada, donde quienes cuidan también tengan acceso a cuidados. Debemos evitar que la fuerza laboral del cuidado quede atrapada en la voracidad del mercado y la trivialización de la calidad de los trabajos de cuidado.
Por nuestra parte, desde el Inmujeres trabajamos para que los cuidados continúen en el centro de la atención pública, para caminar hacia el modelo con el que buscamos transformarnos en una sociedad de cuidados cuyo centro sea la sostenibilidad de la vida.
POR NADINE GASMAN ZYLBERMANN
PRESIDENTA DEL INMUJERES
@NADGASMAN
Y POR MARTA FERREYRA BELTRÁN
DIRECTORA GENERAL DE LA POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD Y DERECHOS DE LAS MUJERES
PAL