El pasado jueves 27 de junio de llevó a cabo la inauguración de los foros de diálogo del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial y la posibilidad de que se reformen diversos aspectos relativos con su integración y funcionamiento. En este y todos los temas de la agenda nacional, el principio del que debemos de partir es el hecho incontrovertible de que todas las instituciones creadas por el ser humano son perfectibles.
Respecto del acceso a la justicia de las y los mexicanos, es indiscutible que existen diversas insuficiencias e incluso disfunciones que deben ser atendidas. Consideramos que un diagnóstico objetivo debe partir del hecho de que las áreas de oportunidad no solamente se encuentran en el entorno del propio poder judicial, sino que se deben revisar los tramos previos, a cargo de autoridades diversas, incluso en el ámbito del poder ejecutivo, como autoridades investigadoras, distribución de cargas de trabajo, atención a víctimas, transparencia en el trabajo de las fiscalías, policías, injerencia ciudadana directa. Igualmente creemos que se deben fotalecer los mecanismos para prevenir y combatir la corrupción y abusos en el Poder Judicial. Al efecto hay un sinnúmero de instrumentos idoneos, que desde luego no pasan por la demolición del propio poder judicial o por el colapso del acceso a la justicia, como ocurriría si se aprueba en sus términos la propuesta del Poder Ejecutivo.
Para nosotros es fundamental preservar y mantener la independencia y la imparcialidad del sistema judicial, destacando que cualquier intento de influir políticamente en este ámbito es inaceptable ya que representaría una afectación grave a la democracia y a la división de poderes.
Que quede claro, no estamos de acuerdo en la pretención de electoralizar los cargos de jueces, magistrados y ministros.
Como en toda propuesta, en la iniciativa del Ejecutivo hay algunos aspectos importantes que pueden considerarse positivos, excluyendo de esa consideración a todas aquellas mociones que abran la puerta a la injerencia política en la impartición de justicia. En ese orden de ideas, podemos construir acuerdos en temas relativos a marcar plazos de resolución de los procesos judiciales, de buscar mejores formas organizativas tanto en el orden administrativo como disciplinario de la judicatura, de la auteridad y revisión de salarios y prestaciones.
Respecto de los cargos específicos de jueces, magistrados y ministros, estos deben recaer en profesionales altamente calificados, idoneos por cuanto a su integridad y con una vocación inquebrantable con el servicio público y solo este. En este sentido no podemos perder de vista que el atributo de la autonomía del poder judicial, no solamente se logra a través del arreglo formal que debe ser ratificado en la Constitución. La autonomía la deben honrar los jurisdicentes siempre y en cada una de sus resoluciones y sentencias. La autonomía es un compromiso exclusivo con la justicia, la ley y los derechos humanos. La mística del juez no se vivifica en plazas públicas ni en asambleas deliberativas, sino que se gesta en el ámbito discreto de la valoración de las pruebas y el conocimiento cabal de la norma y la jurisprudencia. Desde luego que necesitamos excelentes técnicos ejerciendo la función de jueces pero con ese atributo no es suficiente: necesitamos buenas personas que sepan el grave compromiso existencial que se contrae el juzgar al prójimo. Insisto, no es un asunto que se pueda gestionar en la estridencia de una campaña o bajo el asedio de grupos de presión y menos aún bajo el auspicio de patrocinadores interesados, como los que se corre el riesgo de encontrarse en caso de que se opte por el arreglo propuesto por López Obrador.
Al iniciar el Parlamento Abierto se requiere de que la mayoría haga patente el esfuerzo y compromiso de atender de manera genuina las expresiones de los miembros de la magistratura, de los académicos, especialistas y legisladores de oposición. Vivimos un momento delicado en donde el resultado electoral no puede ni debe verse con un mandato de avasallamiento, porque en el sentido estricto de las proporciones de la votación, el pueblo ordenó búsquedas de consensos. Lo anterior podrá ser aseverado quien con la objetividad que da el sentido común y el decoro evalúe el resultado electoral.
Por esa razón es justo lo que exigimos a la mayoría oficialista: escuchar y deliberar abiertamente en estos foros, sin desechar de antemano ninguna de las opiniones y contrapropuestas que se pondrán sobre la mesa.
En Acción Nacional presentaremos propuesas alternas para abordar y resolver de fondo los verdaderos problemas que aquejan hoy en día a nuestro sistema de justicia, atendiendo también la problemática existente en otros órganos del poder público.
Lo que hoy se ve como un riesgo para el país, en esta reforma, puede ser la oportunidad para impulsar la consolidación del Poder Judicial y de otras instancias concernidas. Haremos todo el esfuerzo para llegar a ese objetivo.
POR DIP. JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR GPPAN Y PDTE. JUCOPO
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