En todo trabajo privado o empleo público una condición indispensable es la estabilidad laboral.
La razón más importante para ello es que la estabilidad laboral da un sustento de fortaleza y unidad a la familia al asegurar la alimentación, el techo, la salud, la educación, etc.
Ninguna reforma, llámese constitucional o legal en el ámbito privado o público debe atentar, primero, sobre la permanencia de los trabajos o empleos, segundo, tampoco puede vulnerar sus ingresos y prestaciones previamente adquiridos. Hay sobradas razones jurídicas para ello.
En el Poder Judicial de la Federación los trabajadores son personas responsables, honestas y entregadas a sus labores, es un segmento laboral de la burocracia altamente consciente que la gran responsabilidad de las funciones que desempeñan y que han sacrificado su tiempo personal a costa del desarrollo de sus actividades en los órganos jurisdiccionales, sin conocer horarios o días inhábiles.
Entiendo que los actores políticos que impulsan la reforma judicial han sostenido que en el trámite de ésta se respetarán sus prestaciones laborales, espero, que no sea un juego de palabras, para luego, hacer nugatorias las actuales prestaciones que se tienen contempladas en las respectivas condiciones generales de trabajo.
Como Director General de Asuntos Jurídicos que fui en el Consejo de la Judicatura Federal, soy testigo del arduo trabajo que nos llevó de la mano del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, suscribir estas condiciones generales de trabajo, con responsabilidad y reconocimiento de las funciones que desempeña nuestra clase trabajadora judicial, tanto en empleados de base como de confianza.
No niego que todo es revisable o perfectible, pero sostengo que ningún cambio es moralmente válido, más allá de su legalidad, si afecta a los más vulnerables.
Esto me lleva a proponer que debemos buscar un mecanismo de coordinación y apoyo financiero para lograr un piso parejo entre las condiciones laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y la de los Poderes Judiciales Locales, ningún mejor destino podrían tener los fideicomisos del Poder Judicial que correspondan que estos fines, lo cual resolvería una añeja aspiración que se vive en el día a día en la justicia nacional, vamos proponiendo cambios para construir una justicia de calidad en toda la república que no debilite a los trabajadores judiciales.
Es imperioso, que brindemos a los empleados judiciales de mayores garantías para el desempeño de sus funciones para alejarlos de la mano aviesa de la corrupción y del crimen organizado, ello se combate con un alto componente ético de valores que hoy tiene nuestra clase trabajadora judicial pero ello debe estar acompañado de la tranquilidad de que deben gozar sus familias con prestaciones dignas y socialmente útiles para la salud, la alimentación, la educación y la vivienda.
Por último, no hay que olvidar que el respeto a la clase trabajadora del Poder Judicial no reviste una concesión gratuita o altruista, es cumplir los mandatos de justicia social contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es una propuesta más.
POR MAESTRO ENRIQUE SUMUANO CANCINO
CONTRALOR INTERNO DEL TEPJF
EEZ