La preocupación más generalizada es si el crimen organizado o el poder político tendrían manga ancha para el manoseo de la elección de ministros, magistrados y jueces federales por voto popular.
No es una inquietud infundada. Durante el proceso electoral reciente, hubo historias sobre localidades donde los criminales impusieron su voluntad ejerciendo violencia. Por otra parte, la historia reciente documenta muchos acuerdos políticos cupulares que han invadido los poderes de la Unión
Puesto el punto sobre la mesa, lo que sigue son las ideas. La ministra Yasmín Esquivel Mossa plantea el establecimiento de un Comité Técnico de Evaluación integrado por los tres poderes, que sea la instancia para determinar quiénes son aptos para competir electoralmente por una posición en el Poder Judicial Federal. Su idea es que verifique si cada aspirante tiene todos los conocimientos, calidad y experiencia necesarios además, claro, de aplicar una rigurosa prueba de control de confianza
En su propuesta incluye también la otra gran preocupación generalizada. ¿El relevo de todos los juzgadores generará más rezago y alejará el ideal de una justicia pronta y expedita? Los datos argumentan el pesimismo: el fuero federal atiende 1 millón 500 mil expedientes al año en promedio. Si todos esos casos cambian a las manos de juzgadores distintos al mismo tiempo, el riesgo de caos es muy grande.
Bajo esa óptica, la ministra Esquivel propone que todos los ministros de la SCJN y los magistrados del nuevo tribunal de disciplina sí sean electos por voto popular en marzo de 2025, pero los 1,653 juzgados y magistraturas restantes sean sometidos a ese proceso gradualmente, conforme vayan quedando vacantes por retiro, renuncia o remoción. De hecho, en 2025 se renovarían así los primeros 300.
Ante la objeción, soluciones. Pero vayamos más allá. También es indispensable dimensionar el tamaño del PJF con respecto a la población que atiende. En el primer foro, el dato expuesto fue que en México hay 0.3 juzgadores federales y 3.49 del fuero común por cada 100 mil habitantes, cuando el estándar internacional de la OCDE dice que debe haber 65 por cada 100 mil. ¿Considerará la reforma avanzar también en ese sentido?
El senador Ricardo Monreal ha señalado la ausencia de diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo con la SCJN desde que tomó posesión su actual presidenta. En una reunión privada entre ministros, Yasmín Esquivel propuso a Norma Piña que dé un paso al costado para permitir la interlocución institucional, lo que ocasionó reacciones diversas. Esta historia aún tiene muchos capítulos por suceder.
OTRAS LLAGAS
- Los legisladores morenistas insisten en pagar la elección de integrantes del PJF con los fideicomisos constituidos para la construcción de la infraestructura judicial y sus obligaciones patronales, entre otros compromisos financieros. De ahí la preocupación que los trabajadores manifiestan continuamente sobre sus derechos laborales.
- La magistrada María Emilia Molina, también presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, reclamó que fue silenciada dado que su participación programada para el primer foro en la Cámara de Diputados se eliminó para dar paso a la del exministro Arturo Zaldívar. ¿Discriminación de género? En el segundo foro, la intervención de la magistrada Molina también quedó fuera de la orden del día.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
COLABORADORA
@ADRIDELGADORUIZ
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