¿Qué pasa en México cuando una organización criminal atenta contra la vida de un alto funcionario de seguridad como sucedió contra Milton Morales, uno de los jefes de inteligencia de la capital, quien fue asesinado hace unos días? ¿O cuando se cometen atrocidades contra la sociedad, como ocurrió en Reynosa en 2021, donde un grupo armado abrió fuego de forma aleatoria contra quince personas?
En el mejor de los casos, las autoridades buscan detener a los autores materiales del hecho y llevarlos ante la justicia. En ese mundo ideal, el castigo recurrente de los delitos es la forma de construir una seguridad duradera; desincentiva a las personas de romper la norma y allana el camino hacia una cultura de la legalidad. Pero en un país donde no se trata con criminales individuales, sino con organizaciones armadas que construyen legitimidades paralelas al Estado, ¿es suficiente esto para contener la violencia futura?
Me temo que no. El castigo individual es apenas un rasguño para grupos armados que además tienen recursos humanos y materiales casi inagotables. Lo cierto es que uno de los tantos problemas del desbordamiento de la violencia en México es que el sistema de incentivos –de premio y castigo– que el Estado utiliza para contener la violencia armada se han vuelto poco creíbles o prácticamente inexistentes.
La parte de la ecuación que está haciendo falta es contar con herramientas de castigo colectivo a las organizaciones que cruzan ciertas líneas rojas. Herramientas que van desde el uso de la fuerza de forma proactiva, la inteligencia y la coerción financiera, hasta la creación de una “lista negra” de organizaciones que amenazan la seguridad interior. Mostrar los dientes para convencer a todos de que el costo de enfrentarse al Estado es simple y sencillamente demasiado alto.
Para eso, la autoridad debe tener capacidad material de mandar mensajes contundentes y severos ante acciones que considera inadmisibles, como el asesinato de mandos de seguridad. Necesitamos que fuerzas territoriales como la Guardia Nacional no sólo busquen disuadir con su presencia (como ilusamente se ha intentado hasta ahora), sino también con acciones contra grupos enteros o segmentos de ellos en sus zonas de confort. La Guardia tiene el potencial de ser esa fuerza de castigo que haga valer las líneas rojas del Estado. Y cuando sea insuficiente, está el Ejército como siguiente grado de reacción –de ahí que su presencia deba ser excepcional, pues si está en todos lados, todo el tiempo, se diluye su mensaje disuasivo.
El problema es que bajo el modelo actual hay muy poco margen de maniobra para castigar de forma proactiva a organizaciones criminales armadas. Primero, porque el mando estratégico de la seguridad no tiene ninguna fuerza territorial, como pronto descubrirá Omar García Harfuch. Y segundo, porque el aparato sigue operando (o simula operar) bajo los principios de la seguridad pública, cuyo objetivo es prevenir delitos y rehabilitar a quienes los cometen, no administrar conflictos ni neutralizar amenazas contra el Estado.
Por eso la insistencia de un rediseño de la norma y del modelo: para poder definir aquellos delitos y tipos de organizaciones que atentan contra la seguridad interior y ameritan otro tipo de reacción de la autoridad. Para establecer esas líneas rojas y contar con esas listas negras a las que ninguna organización o persona quiere pertenecer.
Si los atentados contra funcionarios o las atrocidades que se cometen contra nuestra propia población no son razón suficiente para avanzar en este sentido, entonces deberíamos voltear con urgencia frente al huracán que nos viene desde el Norte. La amenaza de Donald Trump no podría ser más clara: “México tendrá que fortalecer (su seguridad) realmente rápido o la respuesta (a la pregunta de si EU debe usar ataques aéreos contra los cárteles mexicanos) es: absolutamente, sí”
En este contexto, la mejor defensa exterior, será recuperar el orden interno.
POR CARLOS MATIENZO
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD NACIONAL Y DIRECTOR DE DATAINT
@CMATIENZO
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