Sobre el escritorio de Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rebosa un expediente amplio que da cuenta cómo fue que el diputado por Tabasco, Jorge Bracamontes Hernández, y su hermana Lorena, funcionaria de gobierno estatal, despojaron de su patrimonio al fundador de la empresa Sinergia Petrolera del Sureste, Gabriel Del Ángel López.
La denuncia, que ya está siendo revisada por la UIF, solicita que se investigue por el delito de Operación de Recursos de Procedencia Ilícita, y Delincuencia Organizada, a los hermanos Bracamontes quienes deben explicar cómo es que con sus sueldos de servidores públicos, han podido hacerse de un patrimonio de más de 50 millones de pesos, que incluyen inmuebles y varias gasolineras.
De acuerdo con datos públicos en 2023, el salario neto de Lorena Bracamontes ascendió a 412 mil 33 pesos; un año atrás fue de 316 mil 238 pesos; y en 2021 ascendió a 353 mil 222 pesos “por lo que no es congruente para justificar la forma de cómo adquirió y ejecutó las obras en los inmuebles mencionados que son activos de la empresa”, según la denuncia.
En el documento, Del Ángel López señala agresiones y amenazas en su contra por parte de hermanos Bracamontes a la cual se suman también al notario público Jesús Fabián Taracena Ble, y a Ángel Mario Morales Vidal, estos últimos como facilitadores en los ilícitos por los cuales deben enfrentar a las autoridades.
La denuncia por tráfico de influencias con la finalidad de manipular la justicia es parte de la carpeta de investigación CI-FECC 09/2024 (inicialmente CI-JON-40/2024), radicada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dependiente de la FGE, donde están acreditados otros delitos como amenaza, fraude, fraude procesal, ejercicio ilícito del servicio público, y falsificación de documentos.
Añada que el expediente ha sido entregado en la Consejería Jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador donde ya es revisado.
La ruta del dinero
Por su buen desempeño al frente del IMSS como es público Zoé Robledo Gutiérrez seguirá al frente de ese instituto en el gobierno que iniciará en octubre próximo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La encomienda es continuar con varios programas donde destaca la mejora en hospitales y clínicas, y por supuesto, la gestión del IMSS-Bienestar que ya ha dado resultados en varios estados…
Y donde se sabe que existe una investigación es en la Coordinación de Informática del IMSS Delegación Estado de México Poniente, dirigida por César Daniel Mendoza Morales y su jefe de oficina, Jairo Medina de la Cruz por presuntas prácticas de extorsión contra proveedores del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) de Toluca.
La dupla estaría fabricando fallas y defectos en equipos de cómputo e impresión para coaccionar a contratistas quienes se verían obligados a pagar para que los supuestos errores sean corregidos. El fraude no se detiene ahí: Mendoza y Medina tendrían un stock “privado” de computadoras e impresoras nuevas que debían ser entregadas a diversas unidades médicas y administrativas, pero esos equipos permanecen resguardados en bodegas acumulando polvo y sospechas de su uso.
POR ROGELIO VARELA
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MAAZ