En 1997, cuando el Instituto Federal Electoral de José Woldenberg acababa de convertirse en una institución plenamente autónoma, la fiscalización de los recursos partidistas fue la primera muestra de la actitud independiente de la autoridad electoral.
Por primera vez se impusieron multas severas a los todos los partidos, después de la muy compleja construcción de acuerdos entre las consejerías electorales de entonces. En 2003, las sanciones impuestas al PRI por el caso PEMEXGATE y a la coalición PAN/PVEM, por el caso “Amigos de Fox”, no dejaron dudas sobre la autoridad con la que se podía multar al aún poderoso PRI y al partido triunfante de la alternancia democrática en México.
El IFE adquirió credibilidad, pues ante el crecimiento del financiamiento público, se exigía a los partidos que rindieran cuentas claras: transparencia, ante todo.
Mucho ha cambiado desde entonces. El TEPJF ha exigido mayor rigor en los procedimientos de fiscalización, mejor fundamentación y motivación de cada caso y escuchar con cuidado los alegatos de los partidos en su defensa.
Además, la ley ha cambiado y la fiscalización se ha hecho muy compleja. Por eso, hoy se requiere de mayor orden, sistematicidad acuerdos sólidos al interior del Consejo General y certeza por parte del INE. Nada de ello estuvo presente en la sesión del Consejo General del lunes pasado, cuando se analizaron los ingresos y gastos de las campañas de este año y con ello se diluye la credibilidad y se pierde la certeza jurídica.
Las cosas se hicieron en el INE exactamente al revés. Primero se anuncian los proyectos con sanciones millonarias; luego, el Consejo General inicia una sesión, pero pide un receso de cuatro horas, para acabar de tomar decisiones; en seguida, el Consejo General vota de forma dividida, 22 criterios con los que aplicaría las sanciones (que obviamente las modificarían); para ello, fue necesario otro receso, pues algunas consejerías no tenían claro lo que se estaba votando; finalmente, se presentan los dictámenes, sin certeza del tamaño de las multas, en medio de una confusión de criterios, en una sesión caracterizada por el desorden.
Más allá del monto de las multas a los partidos, lo cierto es que la autoridad sale debiendo al proyectar una imagen de complacencia ante las presiones partidistas, por la falta de profesionalismo para integrar dictámenes y proyectos de resolución de suyo complejos, por las fallas que presentó el sistema de fiscalización para los partidos y por los cambios de última hora de los criterios para sancionar.
Ciertamente hace falta una reforma en materia de fiscalización, pero quizá el problema mayor sea la incapacidad de los integrantes del Consejo General para construir acuerdos previos a la circulación final de los proyectos. En democracia, incluso al interior del Consejo General, se gana y se pierde, pero lo que debe prevalecer es la institucionalidad.
POR ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
Profesor Investigador, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey
@ArturoSanchezG
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