Después del auge de las transiciones democráticas al final del siglo XX –“la tercera ola”, “la cuarta ola”– los gobiernos democráticos no atraviesan por su mejor momento. Muchas de sus decisiones, acciones y omisiones son objeto de cuestionamientos y crecen las dudas sobre su capacidad y efectividad directiva.
Si excluimos las críticas que no se sustentan en señalamientos comprobables y son desahogos de prejuicios y animadversiones contra partidos y personajes políticos, dos son los blancos fundamentales de las críticas al gobierno democrático.
El primer blanco es la ilegitimidad y la inefectividad de sus decisiones directivas. Son frecuentes sus infracciones institucionales, sus hechos de corrupción, arbitrariedades y discriminaciones, y también sus datos incompletos, errores explicativos, cálculos incorrectos y acciones sin resultados satisfactorios.
El centro del segundo blanco es el desconcierto de los gobiernos democráticos ante los cambios cognoscitivos, económicos, tecnológicos, morales, sociodemográficos, ambientales, geopolíticos que están ocurriendo en la sociedad contemporánea y ponen en evidencia sus limitaciones para entenderlos, encauzarlos, ordenarlos y para mitigar los males sociales que causan los acontecimientos sanitarios y climáticos imprevistos y que, aun si previsibles, son incontrolables.
Las naciones viven todas situaciones inquietantes. Algunos se preguntan si la sociedad “posmoderna” sea gobernable por la democracia moderna liberal en la que hemos sido socializados o si, en cambio, se requiere avanzar hacia gobiernos socialmente más severos e imperativos.
Ante los cambios multidimensionales con efectos aciagos cada vez más frecuentes muchos son los individuos y sectores que perciben que sus conocimientos, capacidades y experiencias laborales han perdido valor y que las oportunidades de bienestar de sus vidas y las de un futuro seguro y protegido se han reducido y se han vuelto más costosas e inciertas.
Y son muchos más los que experimentan que sus condiciones de vida ya precarias se han agravado en los últimos años y se sienten abandonados a su suerte. A ambos grupos inquieta y hasta desespera que no haya agentes públicos y privados que comprendan su situación, contribuyan a solucionar sus problemas y frenen el deterioro y la depreciación de sus vidas.
En contraste, han aparecido nuevos sujetos sociales, nuevas subjetividades, que aprecian e impulsan los cambios en curso, desde los tecnológicos y económicos hasta los valorativos, cognoscitivos y conductuales.
El cambio social es la referencia de sus vidas, no consideran que conlleve riesgos funestos, aprovechan sus oportunidades (mayor información y comunicación, dispositivos técnicos más rápidos y seguros de cálculo y gestión, mayores utilidades económicas, satisfacciones personales…), se distancian de las modalidades de trabajo de organizaciones obsoletas, plantean nuevas causas de interés público, les fastidian los hechos de corrupción, arbitrariedad, truismo discursivo, superficialidad analítica y desperdicio de recursos de una clase política demasiado vista, y son indiferentes a las proclamas de los partidos que en su opinión viven en otro tiempo y mundo. Los nuevos sujetos portan otro concepto y otra expectativa de la actividad política y gubernamental.
A pesar de sus diferencias, los golpeados por los cambios y los convencidos de su importancia comparten puntos de vista. Coinciden en que los agentes de la producción del sentido de la sociedad –los políticos, los legisladores, el gobierno, las empresas, los intelectuales, los centros académicos, las organizaciones sociales, las iglesias, los medios de comunicación social– no están elaborando una visión del sistema de sociedad en formación y no manifiestan tener la voluntad o la capacidad de reinterpretar los valores, principios y normas fundamentales de la vida humana a fin de comprender, explicar y conducir los cambios multidimensionales y dar forma a una nueva forma de sociedad segura, funcional, vivible.
Comparten asimismo ambos la percepción de que los gobiernos democráticos actuales no logran detener la ola insoportable de violencia, extorsiones, abusos y criminalidad ni logran disminuir las discriminaciones y desigualdades que desperdician el capital humano de la sociedad.
La irritación de generaciones y sectores ante sus gobiernos que no logran manejar los cambios que los angustian y, por otro lado, la impaciencia de los nuevos sujetos ante las decisiones del gobierno lentas y discordantes con el tiempo que se vive han dado pie a que ambos consideren que hay otros modos de gobernar más acertados que el gobierno democrático establecido, y no consideren que sea sin más el mejor gobierno y régimen, no obstante teorías y discursos.
Esta introducción acaso de tono dramático tiene el propósito de señalar que generacionalmente nos encontramos en un Entreacto Político. Entre pros y peros, predilecciones y animadversiones, nos preguntamos acerca de las acciones que hay que emprender para que el orden social de nuestros últimos años se reafirme, el gobierno reconstruya su capacidad directiva y restaure la confianza social o, por el contrario, para que otro ordenamiento social más apreciable se configure y otro tipo de gobierno se haga cargo de la sociedad en el futuro próximo.
Oscilamos entre las ideas y propuestas de corrección y reforma del establecimiento institucional actual y las ideas y propuestas de otro ordenamiento de la sociedad de mayor calidad institucional y otro modo de gobierno de mayor capacidad directiva.
Nacional e internacionalmente estamos apresados por un inquietante dilema institucional, intelectual, político, económico, geopolítico sobre el orden social futuro y su gobernanza.
Son numerosos los que cuestionan el orden político y económico que enmarcó la vida de nuestros últimos cuarenta años y, en sentido contrario, son también numerosos los que cuestionan que el eventual nuevo orden del Estado y modo de gobierno de los nuevos líderes, con sus condenas tajantes del pasado, su centralización de las decisiones y su escarnio de los disidentes pueda ser un proyecto de sociedad válido, aceptable y duradero.
Dos son los dos temas que este texto aborda: 1) la incertidumbre política y gubernamental actual que el cambio pluridimensional actual causa y suscita el cuestionamiento a la valía del arreglo institucional y económico presente y del pasado reciente; 2) las propiedades que la gobernanza democrática contemporánea ha de poseer para ser una actividad confiable de conducción del entreacto político en el que nos hallamos.
1. La incertidumbre política actual y las interrogantes sobre el reordenamiento del Estado Social y del gobierno democrático.
Nos encontramos en una situación en la que los poderes públicos, el gobierno, las corporaciones económicas, los partidos políticos, las organizaciones sociales, que fueron los agentes que modelaron con sus ideas y proyectos la sociedad en la que hemos vivido en los últimos años, se encuentran en problemas, son objeto de crítica, y han dejado de ser creíbles y confiables para numerosos sectores sociales.
Percibimos que se estremece el orden geopolítico mundial que se instauró después del colapso del comunismo soviético y del final de la Guerra Fría, restauró la importancia de los mercados y dio origen al auge de la globalización económica, informativa, comunicativa, cultural e impulsó innovaciones tecnológicas transformadoras de la vida personal y asociada.
Percibimos también que parece terminar el ciclo institucional-gubernamental-político que a fines del siglo pasado reestructuró y reactivó el Estado Social democrático, entonces agobiado por situaciones críticas de ingobernabilidad, y se perfila en su lugar un orden institucional alternativo y otra modalidad de gobernanza, que es atractivo y convincente para los grupos e individuos a quienes el pasado sistema político, económico y social no les significó beneficios y que, en respuesta, votan por gobiernos con planes y modos diferentes, aun si sus decisiones directivas no logran acreditar que pueden eliminar los males que se imputan al orden político y económico del pasado y encauzar los cambios sin una ruta regresiva.
En este momento no es posible predecir el orden geopolítico de las próximas décadas, que será seguramente el desenlace de la confrontación entre las autocracias y las democracias, ejemplificada hoy por la guerra de la Rusia totalitaria contra la Ucrania prodemocrática occidental y por las inquietantes prefiguraciones bélicas en Asia (China, Corea del Norte) y en el Medio Oriente, motivadas por reivindicaciones territoriales, cálculos de oportunidades económicas y dominación territorial, creencias religiosas.
En contraste, las asimetrías y tensiones sociales reales o atribuidas del orden geopolítico han motivado la posición de crear un orden internacional multilateral corresponsable, que contrapese el realismo político de las potencias actuales y de las emergentes.
Más específicamente, ignoramos el desenlace que tendrán las democracias actuales de los Estados Sociales. No estamos seguros si viviremos en una sociedad más acorde con los valores, los principios y las reglas de la vida en común, que la humanidad ha elaborado y justificado racionalmente a lo largo de siglos y si la sociedad próxima será conducida por gobiernos competentes y responsables.
O, por el contrario, si viviremos en una sociedad cuya estructura, normatividad y funcionalidad será determinada por gobernantes, acaso democráticamente elegidos, pero iliberales e ilegales al momento de gobernar, decididos a poner orden por todos los medios, someter a la masa de transgresores y criminales, romper las redes políticas y económicas que reproducen desigualdad y pobreza, garantizar la seguridad y mantener niveles aceptables de bienestar y que, para ello, no dudan en restringir o neutralizar los controles de los poderes públicos y de la opinión pública, coartar libertades y derechos, politizar la impartición de justicia, militarizar la administración pública.
En muchos países los comportamientos electorales actuales ponen de manifiesto las oscilaciones de los ciudadanos en su visión de la sociedad y de su gobierno, oscilaciones frecuentemente extremas hacia posiciones que, según la gramática tradicional, son de derecha o de izquierda, pero realmente se trata de posiciones más complejas e híbridas en su composición, expectativas y propuestas sobre la conformación del Estado, la estructura de la sociedad y su gobernanza.
Las cuestiones centrales del entreacto político nacional e internacional presentan numerosas variaciones nacionales que son dilemas, reajustes y reequilibrios entre el estado y el mercado, el poder público y las libertades de los sujetos asociados, las élites y las masas populares, los ecosistemas naturales y las actividades humanas, los desarrollos científicos y tecnológicos y los principios éticos y religiosos, la igualdad de los derechos humanos y las desigualdades factuales, la territorialidad de los estados y gobiernos y la transterritorialidad de las relaciones entre las sociedades locales y naciones, la democracia como proceso electoral y la democracia como gobierno efectivo de la sociedad existente en forma de Estado de Derecho, etc.
En el pasado los mayores vivimos otro entreacto semejante, cuyo desenlace fue la configuración del orden social que ha enmarcado nuestras vidas en estos años. En el último cuarto del siglo pasado, convencidos o forzados, ideamos, aprobamos y experimentamos el cambio de un modo de concebir y realizar el Estado Social (el Estado de Bienestar, el Estado de Desarrollo) en el que crecimos y fuimos socializados y nos desplazamos hacia otro modo de concebir su estructura, dirección y operación.
A partir de los años 70 del siglo pasado el Estado Social de Bienestar y Desarrollo de la posguerra afrontaba una crisis financiera, administrativa y política que debilitaba la confianza de los ciudadanos en su ordenamiento normativo, en su arreglo político de soporte, en sus políticas públicas y servicios públicos y en la sustentabilidad del gasto público como el instrumento principal de la conducción social.
Después de “los treinta años gloriosos de la posguerra” en Europa (Judt, T. 2005), que fueron los años esperanzadores del desarrollo en América Latina, ocurrieron hechos de ásperos cuestionamientos y movilizaciones políticas, a consecuencia de la parálisis del crecimiento económico, la estanflación, la desinversión, el desempleo, el empobrecimiento, el deterioro de la calidad y cobertura de los bienes y servicios públicos, la destrucción ambiental, que dieron motivo para cuestionar las instituciones y las políticas de los gobiernos democráticos de los Estados Sociales de la posguerra y preguntarse acerca de sus limitaciones en sociedades estructuradas económicamente por el sistema capitalista (“la democracia capitalista”; Streeck, W. 2011) o para auspiciar la creencia de que el régimen comunista o socialista está mejor dotado para crear la sociedad justa y próspera que el Estado de Derecho Social y el régimen democrático asumen como su razón de ser y misión.
En esos años preocupantes se llegó a pronosticar “La Crisis de la Democracia” (1975). Se juzgó que los gobiernos democráticos estaban cercanos a una situación de Ingobernabilidad por no disponer de los recursos financieros, legales, políticos y administrativos para dar respuesta a la demanda masiva y diferenciada de los ciudadanos que entonces (y también ahora) esperaban exclusivamente del gobierno las respuestas para resolver sus problemas, satisfacer sus necesidades y realizar sus aspiraciones, sin preguntarse sobre las implicaciones de sus intereses particulares para sostener el interés general y reconocer sus responsabilidades.
Para evitar la crisis por ingobernabilidad se innovaron diversas instituciones del Estado Social democrático y numerosas políticas y cambió el modo como los gobiernos democráticos y la ciudadanía entendían, valoraban y regulaban la función social de los mercados libres y de las organizaciones independientes de la sociedad civil.
En medio de polémicas y argumentaciones favorables se instauró una nueva relación entre el Estado y el mercado, una nueva economía política, así como una nueva relación entre el Estado y la sociedad civil, que en la región latinoamericana motivó también la transición democrática ante los errores y desviaciones reiteradas de los autoritarismos.
El nuevo orden institucional y funcional de las décadas a la vuelta del milenio, llamado “Reforma del Estado”, “Reinvención del gobierno”, “Reactivación de los mercados”, “Resurrección de la sociedad civil”, “Nueva Gestión Pública”, fue fundamentalmente un Ajuste, una Política de Ajuste, que tuvo dos dimensiones, financiera e institucional. La primera dimensión fue el ajuste financiero entre el ingreso y el gasto público, entre los costos y los beneficios del masivo gasto gubernamental, a través de múltiples reformas legales, fiscales, presupuestales, administrativas, políticas.
En función y en respaldo del saneamiento y reequilibrio de las finanzas públicas, la segunda dimensión, la de fondo, fue el Ajuste institucional entre el Estado y el mercado. Mediante des y re-regulaciones financieras, comerciales, industriales, laborales, fiscales, aduaneras se redujo el ámbito del intervencionismo estatal y se extendió el ámbito de los mercados, e suprimieron las empresas públicas deficitarias, se despolitizaron las decisiones gubernamentales fundamentales de la vida social con la instauración de agencias públicas autónomas, integradas por ciudadanos expertos y se redireccionó el torrente de la demanda social centrada en el gobierno hacia los bienes y servicios que producen las corporaciones y las organizaciones de la sociedad civil, aligerando al gobierno de “la sobrecarga” que le imponía la demanda social gubernamentalmente dependiente.
En estos últimos cuarenta años, hemos trabajado y vivido en el marco institucional de una nueva economía política y gobernanza, que hemos llamado “neoliberal” (con tono descriptivo o con tono crítico) y que generó una visión diferente del Estado, del gobierno, de la administración pública y del mismo funcionamiento de la sociedad.
Después de medio siglo de gobiernos desarrollistas intervencionistas, lo característico de gran parte de mi generación fue reconocer la necesidad, importancia y urgencia de los gobiernos democráticos (la transición democrática y combate al autoritarismo) y al mismo tiempo reconocer la necesidad e importancia que tienen las empresas económicas competitivas de mercado y las organizaciones sociales solidarias para sostener el crecimiento y el desarrollo de la sociedad y reducir las brechas de pobreza, retraso, subdesarrollo y desigualdad. Construimos otra idea del gobierno y de su gobernanza de la sociedad.
No faltaron los intelectuales y políticos extremistas, entusiastas del cambio institucional y económico en curso, quienes afirmaron que la regulación y el progreso de la sociedad puede realizarse predominantemente por los mercados, “governance by markets”, o por la sociedad civil organizada, “governance by selforganized civil society” y propusieron, en consecuencia, un Estado mínimo, un gobierno reducido, regulatorio, enfocado exclusivamente en preservar y proteger las libertades de sus ciudadanos y en asegurar los bienes y servicios públicos que los ciudadanos requieren y a los que tienen derecho, pero en el entendido de que la producción y provisión de los servicios pueden encomendarse a las corporaciones económicas y las organizaciones no gubernamentales que pueden producirlos con menores costos y mayor calidad y cobertura los bienes y servicios tangibles e intangibles. En la exaltación se afirmó que el nuevo orden social es “El Fin de la Historia” y “El último Hombre” (Fukuyama, F. 1989), una posición aclamada en la época por medio mundo.
Otra posición, sostenida por muchos colegas, entre los que me cuento, fue la consideración de que tanto el Estado con sus poderes públicos como los mercados con sus corporaciones competitivas e innovadoras son indudablemente agencias indispensables y cardinales para acordar el rumbo de la sociedad y realizar los objetivos sociales de mejores condiciones de vida, pero que disociados son insuficientes para la labor directiva y enfrentados condenan a la sociedad a la decadencia.
Ni los poderosos gobiernos ni las poderosas empresas pueden ellos solos, por sí mismos, ser los dirigentes supremos de la sociedad y asegurar el orden, la justicia, la seguridad y la prosperidad. Aun si los gobiernos y mercados poseen recursos ingentes y poderosos, no poseen todos los recursos que se necesitan para conducir y coordinar a la sociedad.
Es directivamente insuficiente la lógica del poder político o la lógica de los negocios o la lógica de las organizaciones civiles solidarias, o la lógica del conocimiento experto. La dirección de la sociedad contemporánea no puede ser más que una obra social conjunta, interdependiente, en la que participan, colaboran y se involucran los poderes públicos, las entidades gubernamentales de la administración pública, las corporaciones económicas, las organizaciones de la sociedad civil, los centros de la inteligencia social, las asociaciones de trabajadores, las redes de la solidaridad y cooperación de las familias y los agrupamientos de las comunidades locales.
Desde esta perspectiva, se construyó el concepto de Gobernanza, un concepto de gobernar que integra las agencias y los recursos que existen en la sociedad y se opone a reproducir las trilladas concepciones antagónicas (“revolucionarias”) en contra el Estado o en contra el mercado y la sociedad civil, aunque sin creer ciegamente que el Estado o el mercado o la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas, sin la concurrencia y la colaboración de las demás agencias, posean los recursos (éticos, jurídicos, cognoscitivos, financieros, organizativos, tecnológicos, discursivos, coactivos…) que son necesarios para instituir el orden social, causar la prosperidad y sostener la estabilidad.
La gobernación de la sociedad se entendió como Cogobernanza, como una actividad intergubernamental, gubernamental-social, público-privada, internacional, colaborativa, asociada, concertada, tal como lo propone y declara la Agenda 2030 con sus 17 objetivos de Desarrollo Sostenible.
La nueva relación entre el Estado y los mercados tuvo su auge a la vuelta del milenio y llegó a proyectarse como el nuevo orden internacional. Sin embargo, su funcionamiento ha ocasionado fisuras, reveses y daños a lo largo de los años, que han motivado su crítica.
Ha sido objeto de los cuestionamientos ambientalistas que le imputan la destrucción de ecosistemas terrestres y marinos y la crisis climática mundial con sus amenazas frecuentes a la vida humana entre inundaciones, sequías, incendios, altas temperaturas, carestía de alimentos…. Ha sido también el blanco de los cuestionamientos sociales que lo reprueban jurídica o éticamente por haber generado una cultura social individualista, utilitarista, materialista y haber agravado la desigualdad entre las naciones, entre las regiones y sectores de las naciones y entre las personas, aun si se reconoce que en muchos países hizo crecer la riqueza social, mejoró la productividad y el bienestar, amplió las clases medias y disminuyo la pobreza.
El acaecimiento de la crisis financiera global del 2008 con sus daños económicos se imputó a sus desregulaciones económicas, a la débil vigilancia gubernamental de las transacciones financieras internacionales o a su negligencia y acaso condescendencia con las firmas bursátiles, bancarias y fondos de inversión.
En sentido contrario, el sacudimiento mundial de la pandemia Covid, a pesar de su ruinoso impacto sanitario y económico, restauró la importancia del gobierno. Se entendió que el agente gubernamental es el único agente que gracias a sus poderes y recursos constituidos puede dirigir y organizar a la sociedad en situaciones amenazantes de subsistencia, cuidar a los ciudadanos perjudicados en su salud, empleo y negocios, normalizar la vida económica (control de la inflación, incentivos a la inversión, subsidios a los afectados…) y facilitar el relanzamiento del crecimiento y del bienestar.
Ante los cambios disruptivos de estos años y los males y problemas sociales persistentes ha sido lógico preguntarse si el modelo neoliberal de Estado y sociedad debe continuar o si es obligado su reordenamiento o, más radicalmente, su reversión, su eliminación. Nacional, regional y mundialmente nos encontramos en un entreacto político inestable y confrontativo. Dos modelos de economía política y sociedad se sobreponen, influyen y enfrentan en la deliberación de la sociedad.
Hay políticos y ciudadanos que valoran y defienden el arreglo neoliberal del Estado y otros que exigen su desaparición total o parcial. Unos optan por la defensa y preservación de un Estado de Derecho con gobierno democrático, mercados libres regulados y una sociedad plural y abierta, mientras otros optan por un estatismo dominante de la vida social y prefieren o no les preocupa un gobierno autocrático, que se presenta resuelto a poner orden, terminar con las transgresiones y el crimen organizado, hacer crecer y distribuir la riqueza y, si necesario, establecer el “estado de excepción” de la sociedad, suplantar con sus decretos personales las normas legales que regulan las libertades y los derechos, restringir la división de poderes públicos y la opinión pública independiente, militarizar la función pública. El desenlace del entreacto no es previsible ni nacional ni regional ni internacionalmente.
Un desenlace puede ser la decisión política de continuar la relación ya experimentada entre el Estado, las libertades económicas de mercado y las libertadas políticas, intelectuales y conductuales de la ciudadanía, pero con el reconocimiento de que es urgente corregir sus errores, fallas, limitaciones, desviaciones, daños.
Hoy en el sector político se reconoce la necesidad de examinar las des y re-regulaciones que se hicieron de los mercados en los últimos años a fin de impedir los abusos conocidos, eliminar las desigualdades inaceptables y socialmente desestabilizadoras.
Asimismo, en el sector privado mundial existen movimientos autocríticos que promueven y exigen una gobernanza corporativa que reactive su responsabilidad social e incorpore los principios ambientales de la “economía verde” y la transición energética, y los principios sociales de la equidad y la inclusión: las corporaciones de gobernanza corporativa ambiental y social: “ASG / ESG”.
Se reconoce asimismo la necesidad de neutralizar los excesos y defectos de la globalización financiera, productiva, comercial mediante la operación de regímenes internacionales más rigurosos, la armonización internacional de las políticas públicas nacionales y la recuperación de las cadenas de provisión de insumos y productos de los productores locales en vez de una globalización anónima, indiferente a las actividades y los intercambios económicos de las regiones locales que son, en cambio, componentes básicos de la integración social.
El segundo desenlace del entreacto puede ser la redefinición de la relación entre el poder político, las libertades económicas y sociales y las situaciones precarias de vida de varias o numerosas poblaciones de la sociedad y, por ende, motivar regulaciones y decisiones que disuadan o sancionen las relaciones sociales en las que son evidentes las transgresiones institucionales de los poderes públicos (arbitrariedad, discriminación, corrupción, por ejemplo) y su inacción ante los problemas de injusticia y exclusión social y de incuria ambiental, así como impedir y sancionar las complicidades de gobiernos y empresarios que dan origen al “capitalismo de compadres” (“crony capitalism”), que desincentivan la productividad, la competitividad, agravan los problemas urbanos y rurales y causan deficiencias de infraestructura y energía.
Esta opción se radicaliza en aquellos sectores golpeados por el establecimiento político y económico que concluyen que es necesario y urgente bloquearlo, eliminarlo, mediante un líder plebiscitario que con su círculo de incondicionales imponga enérgicamente un orden social alternativo que reanime la esperanza en los beneficios de la vida asociada y bloquee las posiciones de los disidentes.
El entreacto puede encaminarnos dialécticamente a un tercer desenlace. Los resultados insatisfactorios o deplorables de los órdenes sociales vividos en estos años, el neoliberal o el populista autoritario, pueden motivar la creación de nuevos conceptos y mejores proyectos de vida en común y generar movimientos que derriban el edificio de las sociedades inaceptables.
A lo largo de la historia es evidencia constante que el cuestionamiento de los sujetos sociales a la deformación y disfuncionalidad del sistema social en el que viven ha sido siempre dialécticamente la causa que remueve la estructura incoherente e injusta de sus valores, normas, creencias y prácticas establecidas, al mismo tiempo que rescata y reelabora sus valores, conocimientos y normas socialmente relevantes, y promueve una configuración social de niveles de convivencia de calidad superior, aun si la crítica destructiva y constructiva provoca divisiones, conflictos y enfrentamientos que son históricamente pasajeros.
La confrontación intelectual y política entre las dos opciones que se presentan en la actualidad, entre la neoliberal reformable o reformable y la re-estatal restaurada, puede llevarnos a redefinir y reactivar un proyecto de sociedad que plasme en modo menos contradictorio los valores y principios humanos de libertad, dignidad y justicia universal del Estado de Derecho y los de la gobernanza democrática de representatividad incluyente, que han sido construcciones sociales fundadas racionalmente (y no hay otra fundamentación humana más que la racional).
Es posible que a causa de las tensiones y conflictos se vaya configurando un proyecto de sociedad que concilia la exigencia de igualdad con la exigencia de libertad de los individuos y no reproduce las cansinas oposiciones que hemos establecido entre el estado y el mercado, entre el poder político y las libertades personales, el interés general y los intereses individuales, el establecimiento y el cambio, la diferencia y la desigualdad.
Más que eliminarlas regula con mayor inteligencia las libertades políticas, económicas e intelectuales de los ciudadanos con referencia a los valores incontrovertibles de la justicia y la dignidad humana universal y no reproduce la historia social estéril de uniformar las preferencias e ideas de las personas y alinearlas al dominio del poder unipersonal del gobernante más que al imperio de la ley impersonal e igual para todos.
Obviamente no será un orden social perfecto, pero tampoco uno que repite sus contradicciones injustas y opresivas que asfixian las diferencias de los proyectos de vida decididos por los sujetos sociales. Un episodio progresivo de la historia sin fin de los equilibrios imperfectos de la vida humana.
2. Las propiedades de la gobernanza democrática en un tiempo incierto y conflictivo de cambio social.
Pensando en cualquier escenario político futuro, la cuestión principal se centra en la averiguación de los atributos que la gobernanza de los gobiernos democráticos ha de tener en el contexto de la sociedad contemporánea, convulsionada por los cambios multidimensionales turbulentos en curso, a fin de gestionarlos y dar respuesta aceptable a las inquietudes y desconciertos de los ciudadanos.
La cuestión implica también interrogantes e investigaciones sobre las causas que originan y agravan los problemas directivos de los gobiernos democráticos actuales y, en correspondencia, sobre las propiedades que el gobernar alternativo ha de tener para estar a la altura de la gestión del cambio pluridimensional y de sus multicrisis.
Los escritos sobre los problemas críticos de los gobiernos democráticos en las condiciones actuales han sido numerosos en estos años y se han escrito textos sólidos analítica y explicativamente sobre sus causas. Un buen número de estudios han expuesto las deficiencias del diseño constitucional de numerosos estados y las deficiencias del diseño institucional de los regímenes democráticos.
Otros se han enfocado en las transgresiones institucionales y los errores decisionales del dirigente gubernamental y su sector administrativo, en las conductas oportunistas y beligerantes de los partidos políticos sin incorporación de las expectativas de los ciudadanos, en la cultura política de la sociedad (la baja cultura ciudadana de la legalidad y de su obligación fiscal, el cuidado de los bienes públicos) y recientemente en la inclinación de las redes sociales digitales a la posverdad y a la emocionalidad de sus opiniones y preferencias, frecuentemente incompatibles con los valores del ordenamiento normativo del Estado y con la esperada racionalidad de la deliberación democrática.
Otros estudios explican que las dificultades de los gobiernos democráticos y las críticas de los ciudadanos a sus políticas y regulaciones son el efecto de la diferenciación estructural y funcional del sistema social actual, de su complejidad. Las actividades fundamentales de la sociedad actual (economía, política, ciencia, tecnología, arte, religión, familia, vida afectiva, familia…) tienen lógicas de acción diferentes y procesan sus relaciones con las demás agencias y agentes de la sociedad de conformidad con sus fines, reglas, expectativas y situaciones.
Algunos productos son insumos útiles y relevantes para sus propósitos y otros son desfavorables o perjudiciales que desdeñan y descalifican. Es evidente además la desterritorialización de sus actividades y relaciones más significativas, la incorporación del conocimiento científico y tecnológico en sus cálculos y operaciones y el uso masivo de los dispositivos digitales de información y comunicación con el veloz desarrollo de la inteligencia artificial.
El sistema social actual se caracteriza por la complejidad de la composición, causalidad y relacionamiento de las realidades producidas por las actividades de los sujetos sociales. Las realidades sociales son multidimensionales en su composición, multicausales en su origen y multirelacionales, existen y funcionan gracias a la relación que mantienen con otras realidades y otros actores sociales.
Como sabido, la complejidad del sistema social contemporáneo se debe a que los hechos sociales son efecto de la pluralidad de decisiones que toman los agentes sociales de acuerdo con la diversidad de sus lógicas de acción, preferencias, fines, recursos, reglas, opciones. Por ejemplo, la lógica de hacer negocios es diferente a la de la autoridad política, la lógica de acción de la política no es igual a la de la investigación y producción de conocimientos y obras de arte o a los comportamientos de servicio solidario a consocios en problemas o con necesidades.
La complejidad se debe asimismo a que los agentes sociales, sean públicos o privados, reconocen la insuficiencia de sus recursos propios para realizar sus objetivos decididos y, por ende, la necesidad de establecer relaciones de intercambio, asociación de recursos, colaboración con los demás sujetos de su entorno social. Diferenciación <=> Insuficiencia <=> Interdependencia <=> Complejidad.
La independencia de las decisiones de los sujetos sociales conforme a la diversidad de sus preferencias y, al mismo tiempo, sus relaciones de interdependencia con los individuos y asociaciones de su mundo de vida a fin de disponer de los recursos que requieren para poder realizar sus objetivos son la causa y el efecto de la complejidad del sistema social contemporáneo.
El ordenamiento y la gestión de la complejidad del sistema social contemporáneo suscita perplejidades y debates. Ciertos políticos e intelectuales consideran que lo que procede es el tajo del nudo gordiano con un solo golpe, que ponga fin al embrollo de las diferencias y divergencias de los agentes de la sociedad o, al contrario, ponga fin al entrelazamiento ominoso de la ley, el poder, el conocimiento y la libertad de los sujetos de la sociedad contemporánea, frecuentemente con complicidades ilegales y perjudiciales.
Esta posición expresa el encanto por la posición simplista del decisionismo de un líder soberano, que reduce la complejidad social con su poder y crea un orden social uniforme con su poderío sin contrapesos.
En sentido contrario, otros políticos e intelectuales afirmamos que el ordenamiento que hace compatible, complementario y beneficioso el entrelazamiento de la ley, el conocimiento, la libertad y el poder en la sociedad contemporánea no puede ser sino producto de la interlocución de los agentes gubernamentales y sociales, un modo intergubernamental, gubernamental-social, público-privado, internacional que es interdependiente y concertado, una forma de gobernanza por Cogobierno, Cogobernanza.
La acción directiva del gobierno necesita los acuerdos, los conocimientos, las capacidades, los recursos de las corporaciones económicas, las organizaciones sociales, los centros de la inteligencia social, existentes en las naciones e internacionalmente, para poder definir la naturaleza de los problemas sociales nocivos, explicar su origen, elegir los objetivos y futuros sociales de valía y, en consecuencia, para elaborar las leyes que regulen y controlen las acciones de los sujetos causantes de los problemas y para seleccionar las políticas públicas que aminoren los daños de los problemas y los resuelva bastantemente.
Por tanto, el verdadero nudo gordiano de la cogobernanza es lograr que el entendimiento y el acuerdo sean posibles entre los múltiples participantes en las decisiones directivas, que tienen seguramente diferentes posiciones según sus lógicas de acción.
La condición de posibilidad de la legitimidad y la efectividad de la gobernanza interdependiente y colaborativa es la elaboración y aceptación de un marco de principios, criterios y reglas que guíen la interlocución, el intercambio, la discusión y la construcción de acuerdos.
Sin un marco regulatorio compartido, sea formal o informal, la cogobernanza no podrá construirse, instituirse y acreditar legitimidad y efectividad.
En mi opinión el marco regulador tiene dos dimensiones o niveles interdependientes: la dimensión subjetiva de la conversación de los interlocutores y la dimensión objetiva de sus posiciones cognoscitivas y prácticas, que hacen eco de los principios de “la ética discursiva” en el ámbito público.
La dimensión subjetiva del marco regulatorio formal o informal abarca las conductas personales de los participantes al hacer sus exposiciones, comentarios, preguntas, objeciones, contrapropuestas, aprobaciones y desaprobaciones. Las conductas de los interlocutores que obstruyen los entendimientos y acuerdos son las mentiras, la intolerancia, la discriminación y la exclusión de sujetos que tienen el derecho a participar, la desigualdad de los participantes en ocasiones y tiempos de intervención, el lenguaje ofensivo, el chantaje, la intimidación, la imposición de conclusiones por personalidades o grupos poderosos e influyentes, etc.
La dimensión subjetiva de la interlocución y la coautoría es valorativa, axiológica, reconoce, exige y defiende el valor de los seres humanos, la igualdad de sus libertades y derechos, su autonomía y su capacidad de entendimiento y reflexión, particularmente en el ámbito de los asuntos públicos o “esfera pública”, aun en el caso de que los ciudadanos dialogantes manifiesten defectos conductuales y cognoscitivos, que se pueden y deben señalar, pero sin bloquear su derecho a participar en la deliberación de los asuntos públicos.
La dimensión objetiva de la interlocución es cognitiva, comprende las propiedades lógicas y las propiedades cognoscitivas de las afirmaciones, argumentaciones, objeciones, críticas, cálculos, propuestas de los sujetos dialogantes, que favorecen los entendimientos y los acuerdos todas las veces que aportan datos, definiciones, explicaciones, cálculos fundados y empíricamente controlables o que, por lo contrario, los obstruyen todas las veces que sus intervenciones no tienen datos sobre las realidades de las que hablan o sus datos son incorrectos o incomprobables, erróneas sus definiciones de las realidades en cuestión, lógicamente incorrectos sus razonamientos y sus propuestas de acción son más bien anhelos y preferencias que no se sustentan en conocimientos causales e historias sociales de éxito, o son incompatibles con el ordenamiento normativo del Estado.
La gobernanza colaborativa, el gobierno abierto, la democracia deliberativa han promovido el derecho de los ciudadanos a definir la agenda pública y a participar en el análisis y la decisión de las políticas públicas. No obstante, en los hechos de la política real, la interlocución de los políticos, los funcionarios y los ciudadanos en asuntos importantes de la vida pública se efectúa sin reglas o con reglas limitadas y cambiantes según los altibajos de la discusión y la negociación, lo cual obstaculiza los entendimientos y las resoluciones.
La dimensión subjetiva axiológica está más presente en la interlocución y es más aceptable debido a los principios constitucionales, normas legales y a una cultura política difundida favorable a la participación ciudadana en los asuntos públicos y opuesta al engaño y a la imposición.
Pero la dimensión objetiva cognitiva es débil y no ha elaborado y acordado reglas, generales o particulares. En las exposiciones y discusiones se levantan demandas, se critican posiciones y se hacen propuestas sin datos comprobables y sin definición lógica y empíricamente consistente de problemas, necesidades, daños y de su extensión en la sociedad y gravedad. Asimismo, las propuestas de opciones de acción no se sustentan en los conocimientos causales de las ciencias y las tecnologías y en las prácticas laborales exitosas, que son las condiciones que hacen posible calcular racionalmente sus efectos y costos, su efectividad.
Es notorio que los sujetos gubernamentales y los sujetos sociales coautores no poseen siempre la información suficiente y el conocimiento cierto en importantes asuntos públicos, aun si han compartido y puesto en común sus datos, conocimientos causales, sus experiencias y habilidades, sus recursos.
Por causa de la complejidad y los cambios que sacuden el sistema social en el que viven, trabajan y deciden, los agentes gubernamentales y sociales no pueden más que aceptar los límites del conocimiento en determinados problemas y situaciones sociales y, por tanto, reconocer los límites del poder político y económico.
Ningún agente social, sea gubernamental, económico, intelectual, civil, puede evadir la “racionalidad limitada” del conocimiento humano, que limita la calidad regulatoria de las normas legales, la idoneidad de las políticas públicas, la calidad de los servicios, la contención de las transgresiones y obliga a tomar decisiones de riesgo en varios asuntos y circunstancias, aunque sus errores sean susceptibles de corrección.
Cualquiera que sea el escenario que ocurra, ya sea el neoliberal reformado o el re-estatal restaurado, no nos es permitido aceptar, justificar y respaldar gobiernos sin legitimidad, que no respeten los valores y principios de la vida humana racionalmente fundamentados, sean indiferentes a la defensa de los derechos y libertades y transgredan ostensiblemente el ordenamiento valorativo y normativo de la sociedad existente en forma de Estado.
Tampoco nos es permitido aceptar y justificar gobiernos discursivos, predicadores, encantadores, pero improductivos, costosos y represivos de las divergencias. Menos aún justificar relaciones políticas que manipulan y ablandan la participación ciudadana o la descalifican y la reprimen cuando cuestiona las creencias y los dictados gubernamentales infundados o la alinean mediante subsidios y concesiones.
3. Una observación conclusiva
Es racional y honesto reconocer que los gobiernos democráticos, aun si suman la inteligencia social y los recursos de las corporaciones económicas, las organizaciones sociales, los centros de conocimiento e innovación y los organismos internacionales y aun si hacen suyas suficientemente las demandas fundadas de la ciudadanía, jamás podrán ser gobiernos perfectos, totalmente satisfactorios.
No podrán ofrecer soluciones efectivas en todos los asuntos sociales y en todas las circunstancias para todos los ciudadanos y los gobiernos tampoco serán totalmente respetados y apreciados por todos los ciudadanos en todos los asuntos y circunstancias. Solo en sociedades de pensamiento único y de preferencias uniformes obligadas eso es tal vez posible y también indeseable.
En las sociedades plurales, abiertas, transterritoriales en las que vivimos, somos prácticamente todos sujetos autoreferidos, portadores de diferentes posiciones y proyectos, poseedores de dispositivos y sistemas tecnologizados de acceso a múltiples fuentes de información, de modo que es imposible que los gobiernos, por más legales, abiertos y efectivos que sean, respondan satisfactoriamente a la variedad de las preferencias y expectativas de los ciudadanos.
El juicio de efectividad del gobierno es un juicio de hecho, que se basa en observaciones y mediciones objetivas, y también un juicio de valor, una apreciación subjetiva, que se basa en su mayor o menor correspondencia con su sistema de valores. Las limitaciones de conocimiento y la heterogeneidad de las preferencias ciudadanas hacen improbable la existencia de un gobierno con potestad plena y efectividad indefectible en todos los asuntos sociales.
La gobernanza del gobernante, aun si abierto, asociado y cooperativo, tiene limitaciones y defectos como toda actividad humana, desacierta en sus definiciones, cálculos de efectos y costos y elección de acciones. El gobierno como la sociedad misma no dejan de equivocarse, corregirse, reformarse, aprender e innovar. Aun si es innegable su necesidad e importancia social, el gobierno no es un sujeto divino omnisciente, todopoderoso, providencial, paternal, benefactor.
Gobernar es “reintentar lo imposible", en expresión del maestro Max Weber. A pesar de altibajos, impedimentos y frustraciones, la gobernanza genuina es la que intenta sin descanso que los fines que preferimos lleguen a ser hechos reales de la vida asociada y personal.
Los mejores gobiernos y los mejores ciudadanos no renuncian jamás a idear, explorar y recorrer los caminos que pueden llevarnos a realizar las situaciones sociales en las que los fines de valor racional irrenunciable de la acción humana y los efectos factuales de la acción humana no se contradigan y se acerquen. Seguramente se mantendrá abierta la brecha entre los valores imperativos humanos que racionalmente nos motivan y los hechos que nuestras acciones efectúan, pero no se renunciará al propósito humano político, moral e intelectual de conciliarlos y acoplarlos. Es la historia sin fin de la humanidad.
Por Luis F. Aguilar
EEZ