En medio de una enorme especulación, auspiciada intencionalmente por sus opositores, el jueves arrancó el diálogo nacional rumbo a la reforma del Poder Judicial en México.
Días antes del inicio del Parlamento abierto, todavía los opositores intentaron frenarla con declaraciones mediáticas alarmistas y calumniosas.
Insistían en que se perderá la carrera judicial, la autonomía del Poder Judicial, que los partidos designarán a los juzgadores y que se infiltraría el crimen organizado, entre otras mentiras.
La propia presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, difundió un mensaje videograbado para llamar a la unidad a los trabajadores del Poder Judicial, luego de que un grupo de ellos se manifestara en las calles.
En realidad, fue una reacción inusual, tardía y profundamente hipócrita.
Tarde, porque ya la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, había aclarado a los trabajadores del Poder Judicial que sus derechos estaban garantizados y que la reforma los iba a beneficiar y no a perjudicar.
Inusual e hipócrita, porque cuando Piña realmente debió dar una explicación a los mexicanos, simplemente calló y le apostó al olvido.
Recordemos que hace más de seis semanas, gracias al trabajo del periodista Salvador Fraustro, nos enteramos de la cena que la titular de la SCJN organizó, en pleno proceso electoral, con ministros y magistrados del Tribunal Electoral.
La convocatoria la hizo la propia Piña, según Fraustro, a través de la mensajería instantánea, WhatsApp, a los integrantes del Poder Judicial, a quienes adelantó que “tenía mucho que decir”.
Lo que no les avisó es que entre los invitados estaría el líder del PRI, Alejandro Moreno “Alito”, y Santiago Creel, quien al final no llegó, pero el 12 de diciembre de 2023, cuando fue la cena, ya era oficialmente coordinador de la campaña presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD.
Lo cierto es que, en cualquier país del mundo, si el titular de justicia se reúne en secreto con dirigentes de una de las coaliciones que disputan la Presidencia de la República y los juzgadores que van a calificar la elección, sin dar una explicación pública, sería cesado ipso facto del cargo.
En los hechos, la presidenta de la Corte quebrantó los principios de imparcialidad, equidad y transparencia, mismos a los que estaba obligada desde que rindió protesta y juro respetar y hacer respetar la ley como titular del máximo tribunal de justicia del país.
Pero como la ley hoy no prevé sanción alguna, de manera inmoral Norma Piña permanece en el cargo.
Lo bueno es que no será por mucho tiempo, porque ya inició la consulta pública en el Poder Legislativo -en cuya primera sesión participaron los 11 ministros de la SCJN- para transitar a un Poder Judicial más cercano a la gente, justo, imparcial y honesto.
Por: Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, diputado electo Congreso de la CDMX.
X: @vromog
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