En las últimas semanas, el tema de la recaudación monetaria por parte de quienes aspiran a la Presidencia de los Estados Unidos se ha puesto en el centro de la conversación. En las 24 horas siguientes a que Donald Trump fue declarado culpable de falsear sus cuentas para ocultar un escándalo, sus donantes aportaron 53 millones de dólares a su campaña. El flujo de ingresos no ha parado.
En cuanto a la recaudación de fondos, la campaña del Presidente Biden solía ser exitosa, pero a partir de mayo comenzó a perder eficacia. Ello se ha exacerbado desde su participación en el debate, donde algunos posibles contribuyentes dejaron de aportar, como una forma de presión para la sustitución del candidato Demócrata.
Si bien todavía no son formalmente candidatos electos, la Comisión Federal Electoral (FEC por sus siglas en inglés) arroja $232.4 millones de dólares recaudados por el equipo Biden y $199.5 por el equipo Trump.
Estos datos nos obligan a reflexionar sobre las condiciones de la competencia en una elección millonaria. A diferencia de la legislación mexicana que establece topes máximos de gasto en las elecciones, en Estados Unidos no hay límites generales a las erogaciones.
Las hay, sin embargo, al tamaño de los donativos. Una persona puede donar hasta $3,300 dólares al comité del candidato, $10 mil dólares a un comité partidista ó $123 mil dólares al comité nacional partidista para actividades que no sean específicamente de campaña.
Están prohibidas las donaciones de corporaciones, sindicatos, agencias de gobierno y personas extranjeras. En razón de la prohibición mencionada, algunas corporaciones y sindicatos formaron “comités de acción política” (PAC) que, sin ser formalmente el ente prohibido, recaudan donativos de sus miembros. En la legendaria sentencia Citizens United vs FEC, la Suprema Corte decidió que estos comités pueden gastar directamente en publicidad de manera ilimitada “siempre y cuando sus mensajes no estén coordinados con la campaña”.
Nació así una fuente de simulación, a partir de la cual suelen difundirse spots que casualmente ocupan los mismos lemas de campaña de quienes compiten por un cargo. Se ha documentado que los super-PAC emanados de esa ejecutoria han recibido millones de dólares y han tenido clara articulación con las campañas.
Los excesos en las finanzas de las campañas en EUA merecen una reflexión en cuanto a las posibilidades de participación para quienes no pertenezcan a las élites más favorecidas. Ponen de relieve la importancia del financiamiento público para garantizar que sean el liderazgo y la política los factores que decidan el éxito de una candidatura.
Un segundo tema a revisar es la transparencia con que se divulga la información. Los ingresos y los gastos de las candidaturas estadunidenses son reportados en informes periódicos a la FEC y éstos pueden ser revisados a través de su portal. A diferencia del caso mexicano, las transacciones no son capturades diariamente por los partidos en el sistema de cómputo de la autoridad, de manera que no se puede visualizar la actividad financiera de las campañas en tiempo real.
Open Secrets documentó que muchos de los y las embajadores que no provienen del servicio exterior fueron donantes de las candidaturas.
También es conocido que algunas de las contribuciones han servido para estimular políticas públicas acordes a los intereses de sus emisores.
La elección está por comenzar. Debe leerse -como todas- en función de las decisiones que adopte la ciudadanía a partir de las promesas de campaña. Pero en Estados Unidos los comicios deben analizarse también en clave financiera. En las próximas semanas se verá el impacto que la recaudación de fondos tenga en el desempeño real de las campañas.
POR AMALIA PULIDO
PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
@PULIDO_AMALIA
MAAZ