Conforme la propuesta de reforma judicial encuentra apoyos, los adversarios se ven más obligados a precisar sus reservas. La más destacada, me parece, es aquella según la cual si la reforma no impacta a todo el sistema poco se apoyaría con la mera elección abierta de jueces.
De ahí la aportación de la entrevista publicada ayer por El Heraldo, realizada por Almaquio García. Es ilustrativa de la pertinencia propositiva de la futura consejera de la Presidenta electa Claudia Sheinbaum, la ex fiscal General de Justicia de la capital Nacional, Ernestina Godoy.
Seguridad y justicia requieren, efectivamente, una mirada más amplia que la relacionada con la transformación del método de propuesta y selección o designación de jueces, y pasa por todo el sistema. Requiere transformar la realidad de policías estatales y municipales, ministerios públicos, sistema penitenciario y jueces. La reforma al Poder Judicial es una parte.
La concentración en la designación de jueces, siendo tan relevante como es, sería reduccionista y limitativa respecto de la legitimidad y fuerza provista por la elección del 2 de junio y el respaldo a la misma del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sheinbaum Pardo proyecta profundizar la iniciativa presidencial con el fortalecimiento de policías estatales y municipales, así como de ministerios públicos.
Una revisión y transformación integral al sistema de seguridad pública, administración y procuración de justicia que requiere terminar con inercias y cacicazgos en fiscalías —el caso más notable en Guanajuato, entidad líder en homicidios dolosos con mil 226 este año, con el fiscal Carlos Zamarripa y sus más de 14 años en el cargo—, así como de voluntad política.
Estrechar la coordinación entre Gobierno federal y entidades federativas, así como fortalecer las capacidades de las policías y dotarles de facultades de investigación las hará más efectivas en la prevención y persecución del delito.
Las policías municipales son el eslabón más débil, con evidentes carencias y deficiencias en capacitación, salario, número de elementos, integración a la cadena de seguridad en labores de inteligencia, factores que las hace más vulnerables al crimen organizado tanto en riesgos mortales como en los de corrupción.
La intervención de la ciudadanía es clave a partir de herramientas como las Comisiones Ciudadanas contra la Corrupción Policial y la Violencia contra las Mujeres Policías, presididas por el Consejo Ciudadano de la CDMX, donde se discuten de manera colegiada casos de corrupción con policías, ministerios públicos o jueces.
Otra parte del desafío está en los otros eslabones de la cadena de seguridad y justicia. Godoy lo conoció y atendió. Martí Batres le ha dado continuidad en una de las policías más grandes de América Latina y con Clara Brugada hay expectativa de profundización de esas tareas.
En la reforma judicial no hay un segundo piso, hay la necesidad de un edificio completo.
POR SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS
PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA CDMX
@GUERREROCHIPRES
EEZ