Con raíces históricas en el siglo XIX, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial han convivido en nuestro hemisferio dos esquemas de concertación regional: el panamericanismo y el latinoamericanismo. La diferencia fundamental es que el primero incluye a Estados Unidos. El segundo lo excluye.
El panamericanismo tuvo su ascenso histórico cuando, dejando atrás décadas de abierto intervencionismo, el presidente Franklin Roosevelt adoptó la política de la “Buena Vecindad” en los años treinta del siglo pasado. El movimiento continuó durante la segunda guerra mundial, y se consolidó después de la misma, con el establecimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA, 1948), la reforma de organizaciones interamericanas ya existentes (como la OPS, la CIM o el IICA), y el establecimiento de nuevas instituciones (como el BID y el SIDH).
Durante la guerra fría (1945-1990), retornó el intervencionismo estadounidense, que se manifestó en el derrocamiento de gobiernos legítimos en Guatemala (1954), República Dominicana (1965), Chile (1973), Grenada (1984), y Panamá (1989). Pero el panamericanismo sufrió su más grave ruptura en 1964 cuando, sin base en el derecho internacional, Cuba fue excluida de la OEA por abrazar el marxismo y alinearse con la Unión Soviética. Muchos de los gobiernos que aprobaron su exclusión eran dictaduras abyectas con escasa legitimidad. Para su crédito histórico, México no apoyó la exclusión de Cuba de la Organización. En 2009, la OEA aprobó una resolución dejando sin efectos dicha suspensión, e invitándola a reincorporarse a la Organización, que hasta ahora Cuba ha preferido declinar.
Los esfuerzos de integración económica latinoamericana se iniciaron con la fundación de la Asociación Latinoamericana del Libre Comercio (ALALC) en 1960. Pero la concertación política empezó a volar hasta 1983, cuando México promovió la creación del Grupo Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela), para proponer soluciones pacíficas a los conflictos centroamericanos. Fue un esfuerzo novedoso. No incluyó a Estados Unidos ni a la OEA. Con la creación del grupo de apoyo a Contadora (Argentina, Brasil, Uruguay y Perú) nacería el Grupo de Río en 1986, primera instancia permanente de concertación política latinoamericana. En 2010, el Grupo se transformó en la Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños (CELAC), con la inclusión de todos los países de la región. Es un mecanismo de diálogo y concertación política con una presidencia rotatoria, sin una sede permanente, un secretariado y presupuesto propio.
Reflejo fiel de los avatares de la política latinoamericana, con cambios radicales en la orientación de muchos gobiernos, la CELAC ha atravesado períodos de mayor auge y menor actividad. En los últimos años, México impulsó su fortalecimiento y nuevas actividades basadas en la cooperación, como la creación de la Agencia Espacial Latinoamericana; una respuesta regional a la pandemia del COVID19; programas de cooperación contra el cambio climático, la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza; promoción de la democracia y los derechos humanos; planes de cooperación científica y tecnológica, y un enfoque humanitario para gestionar los flujos migratorios en la región.
Con el fin de las dictaduras militares en la región, y el fin de la guerra fría, la agenda regional se transformó. La llamada “cláusula democrática” fue adoptada por organizaciones subregionales como MERCOSUR, UNASUR y la misma OEA. Los nuevos temas fueron la protección de los derechos humanos, la igualdad de género, la lucha contra la corrupción, la cooperación contra las drogas y el terrorismo, entre otros. El dominio estadounidense de la Organización terminó hace mucho tiempo. En 1996 se aprobó una resolución que rechazó la pretensión de dar efecto extraterritorial a la llamada Ley Helms-Burton, para sancionar a las empresas de otros países que realizaran operaciones en Cuba.
La OEA ha hecho suyas muchas iniciativas mexicanas. Por ejemplo, en 1997 aprobó el primer tratado internacional contra el tráfico ilícito de armas. En 2001, el Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) con el que se puso fin a la certificación unilateral antidrogas de Estados Unidos; y en 2003, en la Conferencia sobre Seguridad Hemisférica, la OEA legitimó la concepción “multidimensional” de la seguridad, en la que cada país define sus propias preocupaciones en esa materia, alejándose del concepto de “amenaza colectiva” contenido en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947). En fecha más reciente, en agosto de 2019, la OEA fue la primera organización internacional que condenó por unanimidad la masacre de mexicanos en El Paso, Texas, perpetrada por un supremacista blanco.
En mayo del próximo año, la OEA seleccionará un nuevo secretario general en reemplazo de Luis Almagro, cuyo excesivo protagonismo provocó roces severos con varios gobiernos. En sus 76 años de existencia ningún connacional ha ocupado tan alto cargo. México no debería descartar la posibilidad de presentar una candidatura.
La OEA y la CELAC tienen ámbitos distintos, pero plenamente compatibles. La primera está para promover la cooperación interamericana. La segunda, la integración latinoamericana y caribeña, el diálogo y la cooperación con otras regiones, como la Unión Europea. Ninguna de las dos puede reemplazar a la otra. México es un país latinoamericano, norteamericano y caribeño. Somos el gozne del continente. Nuestro interés nacional está ligado a la paz, la estabilidad, la solución pacífica de los conflictos, y el desarrollo sostenible del hemisferio. Necesitamos a la CELAC y a la OEA.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS ES PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY Y DIPLOMÁTICO DE CARRERA
@MIGUELRCABANAS
MIGUEL.RUIZCABAÑAS@TEC.MX
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