En los espacios de análisis a la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), poco se ha discutido sobre los cambios propuestos a su administración, en los que identifico dos objetivos principales.
El primer objetivo se traduce en la propuesta de sustituir al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por un nuevo órgano de administración judicial.
Desde mi experiencia como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) considero pertinente explorar esta propuesta, que implica la buena práctica de separar funciones jurisdiccionales y administrativas.
Actualmente, la administración del Tribunal está a cargo de una Comisión integrada por tres miembros del CJF y dos magistraturas del propio Tribunal que ejercen facultades tanto jurisdiccionales como administrativas. Además, la concentración de facultades administrativas en la Presidencia del TEPJF genera tensiones internas que nada tienen que ver con la impartición de justicia electoral.
Una alternativa es, precisamente, trasladar la administración del Tribunal al CJF o, en su caso, al órgano que lo sustituya.
Un segundo objetivo de la iniciativa es una mayor eficiencia del gasto, algo en lo que siempre es posible profundizar, a pesar de que el PJF ha registrado avances importantes desde hace varios años. Por ejemplo, en el Tribunal Electoral hemos contenido el crecimiento del gasto fijo desde 2018, garantizando que ninguna de las medidas adoptadas minara la fortaleza institucional del Tribunal y mucho menos afectara los derechos laborales de sus trabajadores.
En tercer lugar, destaco un objetivo que no está presente en la iniciativa, pero que sin duda la enriquecería: fortalecer la autonomía financiera de las instituciones judiciales.
Instancias internacionales recomiendan destinar al menos 2% del presupuesto para garantizar el buen funcionamiento del Poder Judicial. Sin embargo, el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el PJF como proporción del gasto neto total de la Federación pasó de 1.4% en 2018, a sólo 0.9% en 2024.
Actualmente, existe el riesgo latente de que el presupuesto del PJF se discuta, y en su caso se modifique en la Cámara de Diputados siguiendo criterios más políticos que técnicos. Ante esto, propongo:
-La participación de una instancia especializada para hacer un análisis técnico y emitir una recomendación sobre los proyectos de presupuesto que presente el PJF.
-Establecer en la Constitución que la Cámara de Diputados no podrá reducir el presupuesto del PJF, en términos reales, entre un ejercicio fiscal y otro.
-Prever casos en los que se puedan aprobar dotaciones presupuestales adicionales (reformas judiciales o electorales o la celebración de elecciones federales).
Hacen falta muchas definiciones sobre el órgano de administración que sustituiría al CJF. Sería trascendental integrar grupos de trabajo en los que participen funcionarios especializados del PJF para enriquecer el dictamen que habrá de someterse a discusión en la próxima Legislatura. Así, la reforma al Poder Judicial podrá erigirse como una oportunidad histórica y no sólo como la imposición de una visión sobre el sistema de justicia de México.
POR REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN
MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
@REYESRDZM
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