Mientras el debate político se mantiene en señalar los peligros o excesos de la reforma al Poder Judicial, como si ya fuera un hecho su aprobación, poca atención se ha puesto a la legalidad o no de que Morena y sus aliados consigan tener la mayoría calificada.
“En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”, según el artículo 54 de la Constitución. Es la regla para evitar la sobrerrepresentación de una fuerza política. Pero al ir Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo en Coalición, las cosas deben ser diferentes, dicen algunos políticos, consejeros y magistrados.
Este es el verdadero punto de inflexión para el futuro de la democracia del país. La asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional es el último dique de contención contra el segundo piso de la Cuarta Transformación.
El meollo del asunto está en la interpretación del artículo; el texto constitucional es claro, habla sobre partidos políticos, no así de alianzas o coaliciones. La oposición señala que, si bien el artículo es enfático, los criterios de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral han procurado fijar mecanismos para evitar la concentración de poder en un solo partido, además, en términos reales, con el 54.1 por ciento de los votos emitidos, resulta increíble y antidemocrático que el oficialismo se haga del control 65 y del 75 por ciento de poder legislativo sin ningún contrapeso.
Aunque opositores coinciden en los alegatos y argumentos, en realidad siguen extraviados como lo han estado todo el sexenio, porque en medio de la tormenta perfecta, lo que no abonó, abona, ni abonará, es el agarrón que se traen. El PRI siendo presa del dirigente que se quiere eternizar y el PAN a punto también de una guerra por el control del partido. Morena en cambio va por una transición tersa en su liderazgo, lo que le permitiría con más facilidad concretar lo que se considera como un fraude a la Constitución.
CONTRASEÑA: Lázaro Cárdenas Batel fue “rescatado” por la presidenta electa Claudia Sheinbaum para que funja como su jefe de oficina, luego de su salida como coordinador de asesores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En este cargo, el exgobernador de Michoacán siempre estuvo relegado, sin injerecia mayor en las grandes decisiones.
AMLO le pasó la factura a Lázaro luego de que, en enero del año pasado, se involucró al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el “Mexicolectivo”, un proyecto político fallido de integrantes de la izquierda que no militaban en Morena. Aunque el ingeniero se desmarcó casi de inmediato, López Obrador no le bastó y lo llegó a calificar como su adversario y un mes después, despidió a su hijo. Ahora regresará en un puesto de mayor visibilidad y donde tiene los mejores pronósticos.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MAAZ