Como afirma la jurista Ana Laura Magaloni “la justicia en México es como un coche desvalijado de los años setenta, intentando transitar en una autopista moderna del siglo XXI”.
Y es que desde la investigación de los delitos hasta el debido proceso en muchos de los procedimientos penales, el sistema judicial muestra serias deficiencias.
Esto no sorprende en un país donde la investigación para esclarecer los delitos no se centra en llegar a la verdad sino en encontrar a un culpable y donde pareciera que el sistema judicial mide sus resultados por el número de detenidos.
Añada que la peor reputación por corrupción la tienen los policías, las cárceles y los Ministerios Públicos, donde todos superan 62 por ciento en percepción de “mucha” corrupción dentro de las instituciones públicas, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, mientras que los encargados de impartir justicia y emitir sentencias —jueces, magistrados y la SCJN— rondan entre 47 y 51 por ciento de percepción.
Un ejemplo de ese enfoque distorsionado de la justicia es el caso de Gerardo de Nicolás Gutiérrez, exdirector general de Desarrolladora Homex, cuyo proceso ilustra las injusticias que enfrentan muchos mexicanos.
En septiembre de 2022, Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales de la CDMX, dictó un Auto de Formal Prisión que rompió con el marco legal y jurisprudencial mexicano.
Entre las irregularidades destacan la demora en permitir a la defensa desahogar pruebas, la consideración de pruebas presentadas ilegalmente por el Ministerio Público y la negativa a llamar a declarar a testigos clave.
Aunque Paloma Xiomara González González, jueza del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la CDMX, reconoció dichas irregularidades la sentencia de amparo otorgada en junio pasado agravó la situación al ordenar reponer el procedimiento desde la declaración preparatoria, y con ello la jueza provocó la pérdida de dos años de avances probatorios.
Bancomext alega un desvío de recursos de un crédito por 456.7 millones de pesos, pero pruebas periciales dicen lo contrario: los desarrollos inmobiliarios fueron construidos con una inversión que superó el doble del monto del crédito, además que el dictamen de la FGR indicó que no hubo quebranto, solo afectación económica derivada de la decisión del banco de desacatar la sentencia concursal de la inmobiliaria desde 2016; siendo el único acreedor que se opone.
El caso de Gerardo de Nicolás no es solo una anécdota, sino un reflejo de un sistema judicial que requiere urgentemente cambios estructurales para eliminar la corrupción y asegurar el respeto a los derechos humanos y queda claro que mientras no se garantice un debido proceso y se establezca una rendición de cuentas efectiva, miles de mexicanos continuarán enfrentando las mismas injusticias.
POR ROGELIO VARELA
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