A causa de la contundente ventaja de la ganadora de la elección presidencial, la calificación de ésta, sin mengua de su importancia, es una acción de mero trámite que está a cargo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y debe ocurrir a más tardar el 6 de septiembre de 2024.
Sin embargo, movidos por sus ansias de protagonismo, los dos magistrados que controlan el TEPJF a causa de la grave omisión del Senado al no cubrir dos vacantes, han diseñado una ruta barroca -y hasta donde recuerdo sin precedente- hacia tal calificación.
Esos magistrados son los Felipes -Fuentes Barrera y De la Mata Pizaña-, en su carácter de integrantes de la Comisión Especial creada en la Sala Superior para elaborar el proyecto sobre la declaración de validez de la elección presidencial. Entre las funciones de esta Comisión están las de “integrar, sustanciar y resolver los medios de impugnación presentados contra la elección de la Presidencia de México, en especial los Juicios de Inconformidad que buscan anular la elección en su totalidad o cuestionar su validez” (Boletín 334).
Pues bien, esa ruta incluye:
a) Convocar “a instituciones académicas o cuya labor esencial se desarrolle en torno a cuestiones vinculadas con democracia y elecciones, y al público en general, para comparecer ante la Comisión en carácter de amigos de la Corte (amicus curiae)".
b) Audiencias públicas de alegatos para que los interesados expongan sus puntos de vista sobre “las impugnaciones relacionadas con la validez de la elección presidencial”, a fin de “destacar o enfatizar los argumentos que hayan presentado formalmente en los medios de impugnación”.
c) Creación de un micrositio disponible para la consulta de la ciudadanía respecto de todo lo actuado (pruebas, etapas, semblanza de los magistrados y las personas colaboradoras, comunicados, entre otros).
Y algunos juristas podrían preguntarse dónde queda el deber de los tribunales de juzgar y resolver exclusivamente con base en el expediente. ¿Se trata de que los justiciables amplíen lo que argumentaron en sus alegatos?
No obstante que las urnas hablaron el 2 de junio con una contundencia que no deja lugar a dudas, hay obcecados que, con el dolor de la derrota a cuestas, se empeñan en hablar de elección de estado, de aplicar disposiciones abrogadas para regatear mayorías calificadas y de otras sandeces como prever un absurdo “autogolpe de estado”.
¿No es verdad que tales obcecados, por sí o por interpósitos ciudadanos, tienen una oportunidad de oro para arrojar lodo -ahora desde el ámbito jurisdiccional- a una elección donde la triunfadora, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió 35 millones de votos mientras el segundo lugar, Xóchitl Gálvez Ruiz, obtuvo 16 millones de sufragios?
Pensando bien, estamos ante el despropósito de dos magistrados ansiosos de protagonismo. Y, pensando menos bien, me pregunto si el despropósito se ubica en el conocido contexto mercantilista del que tanto se habla en el Tribunal.
PLUS ONLINE: ¿500 MIL EGRESADOS DE LA EJE? AJÁ
Informó el TEPJF en su comunicado 325/2024, del 18 de junio: “La Escuela Judicial Electoral es una institución educativa especializada en tareas de formación, investigación, capacitación y difusión en la materia electoral, perteneciente al TEPJF, y a través de ese centro de enseñanza han egresado más de 500 mil personas de distintos programas académicos en los últimos 5 años”. La EJE es dirigida por Gabriela Ruvalcaba García e impulsada por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
¿Más de 500 mil egresados en cinco años, 100 mil por año? Parece broma, pero no lo es. Es una mentira que implica una falta de ética y de seriedad en la máxima autoridad en materia electoral. También exhibe una suerte de megalomanía de algunos de sus integrantes.
¿Estarán considerando como egresados a los que fueron a una clase y nunca regresaron y por eso “egresaron”? 100 mil egresados anuales no los tienen Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que sumaron 701 en 2022. Es más, tampoco los tiene toda la UNAM, cuyos egresados fueron 42,021 ese año, según Data México.
Pese a su inverosimilitud, sorprende que una longeva institución como la Lotería Nacional ostente esa cifra en sus billetes del reciente sorteo de la institución dirigida por el incauto Marco Antonio Mena Rodríguez, quien al parecer acríticamente dio por cierta esa cifra y la estampó en los cachitos de la LN.
Otra institución, la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ), le otorgó a la EJE el Certificado Iberoamericano por el programa académico “Maestría en Derecho Electoral”.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
MAAZ