En las últimas semanas, las preparaciones para la transición del mando al frente del país han estado tomando el protagonismo para los medios de comunicación. Natural, pues el cambio de sexenio interesa a toda la población. No obstante, uno de los temas que se ha tratado menos parcialmente y que tendrá un gran calado en las próximas semanas, es la reforma judicial.
Propuesta por Andrés Manuel López Obrador, pero también retomada por la actual virtualmente electa presidenta para el sexenio 2024-2030, la reforma judicial se perfila para ser aprobada por el Congreso electo, que entrará un mes antes que la propia Claudia Sheinbaum. Ambos equipos, que en realidad son un solo equipo político y de proyecto, han coincidido en que sea la primera prioridad de la nueva legislatura.
Desde el 27 de junio, el país entero podrá acercarse al debate en torno a la propuesta de reforma a través de los foros abiertos organizados por el parlamento. Contrario a las ideas que la oposición intenta posicionar en los medios, la fuerza mayoritaria que representan los partidos Morena, PT y Partido Verde, buscará a todas las fuerzas políticas, y sobre todo a la sociedad mexicana para discutir estas ideas.
En esencia, la propuesta a discutir planteará la elección popular de las autoridades judiciales, la transparencia de las sesiones del Pleno de la SCJN y la instauración de equilibrios institucionales al interior del poder judicial, mediante la creación de organismos independientes de la presidencia de la Corte que puedan procesar quejas y casos de corrupción o abuso de poder.
El poder judicial tanto en México como en América Latina ha sido uno de los espacios en donde, incluso ante las victorias político-electorales de las izquierdas, los poderes conservadores han podido frenar e incluso derrotar a los gobiernos progresistas de América Latina. El lawfare, tema del que ya he comentado y escrito anteriormente, es uno de los mejores ejemplos de lo putrefacto del poder judicial en nuestro continente.
En nuestro país, la liberación de políticos corruptos, el freno a reformas legítimamente votadas por el Congreso o la entrega de fondos congelados a familiares de criminales han sido elementos que la opinión pública ha repudiado y asimilado para hacer una crítica profunda en contra del poder judicial.
Quizá la mejor imagen de lo que la SCJN puede ser, en contraste con lo que ha sido desde su creación, es la imagen de Lenia Batres, ministra de la Corte, explicando su postura sobre la propuesta de nuestro movimiento en una asamblea pública. Mientras los demás magistrados y ministros optan por el ostracismo y la comunicación mediática, la ministra Batres ha salido a las calles, a tener contacto con la ciudadanía y hacer más públicos los asuntos públicos.
A eso apostamos en la Cuarta Transformación.
POR JOSÉ NARRO CÉSPEDES
COLABORADOR
@NARROJOSE
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