¿Cómo hacer eficiente y eficaz un gasto público, cuando son pocos los recursos y muchas las necesidades generales?
Esta es la realidad judicial que hoy enfrenta nuestro país, además, con la lógica previsión de que la demanda de justiciabilidad se acrecentará como producto de los ajustes económicos que aún vendrán como resultado final de la crisis generada por la pandemia de COVID-19 en todas las áreas de los sectores: privado, público y social.
Una respuesta técnica y asertiva a la pregunta, es la planeación.
Si bien al día de hoy existe una Ley de Planeación, que data de 1983, la cual ha venido a dar cause a la planeación democrática que prevén los artículos 25 y 26 de nuestra Constitución Federal, ésta únicamente rige y se enfoca esencialmente en las actividades del Poder Ejecutivo Federal, mas no al Poder Judicial.
Es decir, ¿ha existido una ausencia de planeación judicial? La verdad, no; el ejercicio de los recursos en esta materia ha cumplido con las formalidades para ello, sin embargo, la carencia de un marco jurídico específico ha generado que el ejercicio del gasto judicial no haya logrado la obtención de resultados que hayan permeado en las necesidades de la sociedad.
Lo anterior ha sucedido porque no existe una verdadera planeación judicial nacional que articule los esfuerzos del gasto contemplando la justicia federal, la de los estados de la República mexicana y, mucho menos, la justicia municipal, ésta última olvidada prácticamente por todos.
En este contexto, desde mi punto de vista y dada mi experiencia profesional en la vida judicial nacional y local, resulta necesario crear una Ley Nacional de Planeación Judicial, que venga a dar orden a todas las actividades administrativas del gasto judicial, tanto de la federación como de los estados y municipios, siempre con estricto respeto a las competencias y soberanías, mediante los convenios de colaboración correspondientes, para lograr con ello un verdadero impulso al mejoramiento de la justicia mexicana.
La ley propuesta resolvería, no solamente un vacío normativo, sino una urgente necesidad de apoyo y certidumbre a los justiciables e impartidores de justicia, estableciendo las bases necesarias para un gasto regionalizado asertivo, a través de programas y proyectos concretos, los cuales tendrán metas y objetivos específicos a corto, mediano y largo plazo en toda la República, dando cabida a un verdadero desarrollo nacional de justicia a través del establecimiento de un Sistema Nacional de Planeación Judicial Democrático, tal como está dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ésta es una propuesta para considerar en la próxima reforma al Poder Judicial.
POR MAESTRO ENRIQUE SUMUANO CANCINO
CONTRALOR INTERNO DEL TEPJF
EEZ