Con la finalidad de justificar lo injustificable, es decir, dar legitimidad a la reforma propuesta por López Obrador al Poder Judicial, los ataques hacia dicho Poder por parte del oficialismo no paran. De hecho este golpeteo ha sido ya motivo de preocupación a nivel internacional.
El inquilino de Palacio se la vive cuestionando la independencia de los órganos jurisdiccionales y constantemente busca subestimar su función de contrapeso al Poder Ejecutivo fundamental en la democracia. Incluso, en el marco de la discusión y la polémica que ha causado el tema de la reforma al Poder Judicial, Lenia Batres, ministra morenista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo alusión al nepotismo que, según ella, existe en dicho Poder.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Independencia de los Jueces y Abogados, además de reclamar las constantes agresiones que recibe el Poder Judicial desde la conferencia mañanera, ha reconocido que si bien es cierto existen cuestiones que deben mejorarse, también lo es, que estas deben solucionarse por los medios correctos.
Definitivamente la reforma planteada está muy lejos de ser una vía adecuada pues tiene la finalidad de controlar políticamente a los integrantes del Poder Judicial lo que influiría indebidamente en sus decisiones y resoluciones. De esta manera no se solucionan los problemas de acceso a la justicia que sufren millones de mexicanos.
Por otra parte, en relación con el problema del acceso a la justicia en nuestro país, el 15 de junio pasado entró en vigor la agresiva reforma a la Ley de Amparo promovida por morena a través de la cual, en caso de querer presentar un amparo en contra de una norma general por considerar que vulnera algún derecho humano colectivo como pueden ser la salud y la educación entre otros, el juez ya no podrá conceder la suspensión, esto implica un grave retroceso en la protección de los derechos humanos y debilita esa protección hasta que se dicte la sentencia definitiva.
En muchos casos, un amparo sin suspensión no sirve para proteger a las personas de actos inconstitucionales y se amenaza la eficacia de las resoluciones judiciales. Es fundamental salvaguardar la integridad y la independencia de las instituciones judiciales para garantizar el Estado de derecho.
POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO
SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
@MARIANAGC
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