En el corazón de una democracia, el acceso a la información y la protección de datos personales son pilares fundamentales, indicadores de una buena gobernanza y del respeto a los derechos civiles. Sin embargo, V-Dem identifica una preocupante reducción del espacio cívico a nivel mundial, mientras que el World Justice Project destaca una calificación de 0.42 en los límites al poder gubernamental en el país. La capacidad del Estado para balancear estos elementos determina su eficacia de mantener una administración abierta, en un ambiente de legalidad y respeto a derechos humanos donde las personas tengan las condiciones necesarias para participar en la toma de decisiones.
En México, los 33 organismos autónomos (32 locales en cada entidad federativa y el nacional) garantizan que la información esté disponible para la sociedad y vigilan el derecho de protección de datos personales. Los principios de máxima publicidad y privacidad pueden encontrarse en dos extremos de balanza, lo que implica tomar decisiones equilibradas: preservar la transparencia en la medida que el interés público lo justifique, sin comprometer la seguridad de las personas.
El caso de María Amparo Casar, con la divulgación injustificada de información personal por parte de la Presidencia de la República, se ha convertido en un ejemplo de cómo, con el falso argumento de transparencia, se vulneran datos personales en detrimento del espacio cívico.
La Doctora Casar, al ser académica, libre pensadora y activista de derechos humanos en una organización de sociedad civil, Mexicanos Contra la Corrupción, recibió la violación pública a su derecho a la privacidad, por parte de una de las instituciones del Estado mexicano. Esta situación evidencia, además, la necesidad de que los garantes hagan uso de la objetividad que se deriva de su autonomía constitucional.
Por otro lado, el hecho de que la SEDENA haya incumplido resoluciones del INAI para entregar información al Mecanismo para la Verdad sobre los "vuelos de la muerte" (estrategia contrainsurgente que consistió en la ejecución de integrantes de diversas organizaciones guerrilleras entre 1973 y 1981), muestra otro aspecto del desafío. En este caso, la opacidad y el incumplimiento de las obligaciones de transparencia obstaculizan la justicia y la reparación a las víctimas, y vulneran el espacio cívico, una tendencia alarmante identificada en el Reporte de la Democracia de V-Dem.
En días recientes conocimos que el Sistema de Aguas reservó información de estudios al agua contaminada en la Alcaldía Benito Juárez. En esta coyuntura, en el Instituto de transparencia de la Ciudad de México encabecé mesas de trabajo con personas afectadas para abordar la gestión del agua y activar el Protocolo de Apertura y Transparencia. Estas sesiones tuvieron como objetivo identificar necesidades de información y mapear actores e instituciones relevantes, así como discutir el derecho de acceso a la información y los procesos para realizar solicitudes y quejas relacionadas con el agua contaminada, en el marco de democracia ambiental.
En suma, las resoluciones de los garantes son cruciales para garantizar derechos humanos; para que haya debida clasificación de la información; para que se protejan datos personales y en consecuencia, el espacio cívico, los contrapesos democráticos y la transparencia con legalidad, refuercen el Estado democrático de derecho en México.
POR MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA
COMISIONADA CIUDADANA DEL INFO CDMX
PAL