Durante la reciente campaña presidencial lo cotidiano fue la confrontación entre dos visiones de país, sin embargo, en un tema hubo coincidencia: la necesaria reforma a la justicia.
El tema ocupa la atención y participación social, es una buena noticia porque nos involucra a todas y todos. No existe quien pueda discutir que las necesidades jurídicas insatisfechas de personas, familias y empresas mexicanas sean cada vez mayores ni que el índice de frustración, desconfianza y molestia frente a operadores de justicia sigue aumentando.
La reforma ofrece dos dimensiones: la política y la funcional. En la primera, el apabullante respaldo a la propuesta de reestructurar la cúspide del Poder Judicial lo hace impostergable. Hace 30 años ejecutivo y legislativo con un manotazo contundente lo operaron sin mayores sobresaltos. No parecen muy distintas aquellas condiciones a la composición de contrapesos actual ni a los niveles de percepción de la justicia.
La primera acción propuesta es la elección de los 9 integrantes de la nueva Corte, mis 3 notas para alimentar el diálogo son:
- Por lo menos el 40% de las personas que integren cada lista deberán tener experiencia mínima de 10 años como juzgadoras.
- Cada uno de los poderes tendrá derecho de veto sobre una persona perteneciente a las listas de los otros dos poderes, el legislativo se contará como una sola lista. Se reducen a 24 nombres.
- Las universidades integrarán en forma independiente y transparente un sínodo de especialistas (7) quienes entrevistarán y evaluarán la idoneidad de los aspirantes. El sínodo deberá eliminar a las dos personas que obtengan el puntaje más bajo de cada una de las listas. En consecuencia, la elección será entre 18 aspirantes.
Con lo anterior se asegura que las listas se integren por personas que además del perfil adecuado, cuenten con la solvencia y conocimientos para sujetarse a un proceso complejo y público. Una vez integrada la Corte se enviarán las propuestas para tribunales electoral y de disciplina.
La elección de otros 1635 cargos dentro del Poder Judicial anticipa tiempos con 3 características:
- Caóticos en los procesos de selección y adscripción.
- Injustos frente a personas servidoras públicas capaces e íntegras.
- Costosos, los escasos recursos obligan a priorizar ejercicio del gasto.
Por lo anterior, iniciarlos no parece por el momento una opción viable ni eficaz, en cambio, fortalecer al Tribunal de Disciplina Judicial podrá resolver de raíz vicios y faunas nocivas que viven, crecen y se reproducen en las estructuras judiciales.
Una nueva cúspide judicial cumple la misión política, sin embargo, no toca lo funcional, en lo procesal esta la médula de una verdadera transformación. Ahí debemos poner mayor atención, innovación y trabajo. Una consecuencia natural y necesaria será reestructurar la justicia local a efecto de que sea terminal previo a una cuidadosa evaluación de la profesionalización e independencia de esos poderes judiciales. La transición será gradual, la asignación de recursos proporcional.
Es tiempo de crear salas constitucionales locales sujetas también a procesos públicos en donde transiten los expedientes que hoy saturan las caras, discriminatorias e impredecibles tuberías del amparo judicial. Los adjetivos no son míos, se señalaron hace 8 años en la entrega del aún vigente diagnóstico por la “justicia cotidiana”. Ahí también se destacó a la mediación como la mejor alternativa para gestionar una gran cantidad de conflictos.
Dejemos pasar al cambio, para que nos deje de pasar lo mismo.
POR SERGIO VALLS ESPONDA
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
#CNMASC
@SERGIOVALLSE
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