La justicia es una aspiración de todas las sociedades de todos los tiempos, mas no tiene una definición clara, pues el concepto varía de acuerdo a las condiciones de los temas económicos y políticos.
La definición más aceptada es la del Derecho Romano, que es la voluntad permanente para dar a cada quien lo que se merece; no obstante, recodemos que en esa cuna del Derecho se vivía un régimen esclavista, que nada tiene que ver con las concepciones actuales.
En lo que no hay duda, es que en la aspiración del Derecho, en su teoría y filosofía, pretenden este fin a través de normas generales y de la creación de un Estado que acepte estas y, su objetivo principal es garantizar la seguridad de los ciudadanos.
En México, lamentablemente el apoderamiento territorial del crimen organizado hace frágil nuestras instituciones; por supuesto, es necesaria la reforma al Poder Judicial, pero no resolverá en fondo del asunto.
Por eso, el objetivo del próximo gobierno debe centrarse en reprimir a las fuerzas oscuras del crimen a través de una política pública decidida y eficiente.
La reforma al Poder Judicial no resolverá el tema, y menos si ponemos en el centro de la discusión la forma de elegir a los integrantes de este Poder a través del voto popular. No obstante, está claro que la decisión del presidente López Obrador y de la futura presidenta Claudia Sheinbaum son irreductibles en cuánto este tema y, por ello, salen sobrando las consultas, las encuestas y el Parlamento abierto.
Esto está decidido, la única lejana posibilidad de evitarlo es que no se obtenga la mayoría calificada en el Senado.
Desde el punto de vista del Derecho Parlamentario, su planteamiento es farragoso y confuso. El Plan C presentó 18 iniciativas, y sólo se está considerando –por ahora— la referente al Poder Judicial, en cambio las nuevas iniciativas son de Claudia Sheinbaum, quien ya abdicó a su facultad de presentarlas, después del 1 de octubre, en concordancia con el artículo 71 constitucional. Cada legislatura tiene sus propias competencias, no confundamos a la opinión pública.
Démosle vuelta a la hoja, ya ganaron las elecciones y el único mandato del pueblo es que cambien las condiciones brutales de desigualdad, en un país donde la pobreza es endémica y la riqueza de unos cuantos es grosera e infame.
La oposición –o los restos que quedan de ella— debe reflexionar sin autocomplacencias y con sentido crítico, y tratar de acercarse a la ciudadanía, donde han perdido la voluntad popular.
El Estado de Derecho y la justicia son fundamentales.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)
VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
MAAZ