Hay dos máximas en la política (en la vida, en realidad): ten cuidado con lo que deseas, y las mayorías no necesariamente tienen razón. ¿Por qué las menciono? Pues en relación a una de las 18 iniciativas de reforma que el presidente López Obrador anunció en febrero de este año y que se conocen como “el plan C”.
“Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con estricto respeto a los derechos humanos”, dijo el mandatario el 5 de febrero. ¿Pero qué pasa cuando esta ya se encuentra corrompida y participa en la violación a los derechos humanos todos los días?
Hay pocas situaciones que causen mayor indignación que la matanza de inocentes; una de ellas, que se vea a la GN entrando y saliendo del lugar donde minutos más tarde se comete un horrendo crimen de este tipo.
El pasado domingo por la noche, en León, Guanajuato, luego de que elementos de esta institución, abandonaran un domicilio —y a su suerte a mujeres y niños en su interior— llegaron sicarios a terminar con la vida de cuatro mujeres y dos bebés de manera brutal (en su columna de ayer, Héctor de Mauleón lo relata bien y plantea una pregunta fundamental).
Por favor no vayan a insultar nuestra inteligencia y decir que se trató de una coincidencia; estas no existen a esas horas y menos de ese calibre. Los videos solo permiten barruntar si no fueron las mismas fuerzas de ‘seguridad pública’ quienes dieron aviso a los verdugos. El pueblo de México merece explicaciones —acompañadas de pruebas— a la brevedad.
No queda claro si López Obrador prometió castigo a los elementos de la GN (en caso de que tengan relación con el multihomicidio en León) solo por decir lo políticamente correcto o si fuera de reflectores les haya ofrecido a ellos también ‘abrazos y no balazos’ y esté diciendo que todo esto ha sido solo para perjudicarlo a él. Pero independientemente de lo anterior, lo preocupante es que quienes deben cuidar y velar por la integridad de la población y a quienes se quiere terminar de empoderar con una reforma constitucional sean partícipes de atrocidades. La participación de la GN en la atroz matanza de Guanajuato debe hacernos reflexionar a la población en general y a los legisladores/gobierno federal (actual y futuro inmediato) sobre lo que se busca y espera de esta instancia. También pensar sobre sus posibles nexos con el narco, con el crimen organizado y si bajo este esquema se le quiere dar mayor poder.
Guanajuato no es el único estado que sufre esta violencia y soporta una autoridad que solo lo tiene de nombre. Aunque muestra de forma palpable que no se trata de que sea un estado gobernado por la oposición, si acaso con mayores trazas de abandono por ser de la oposición y donde entonces, la Guardia Nacional se convierte en personera del CO.
La guardia nacional ha fallado, como la autoridad misma. Ha fallado con quienes debe cuidar, con sus principios, con la ley y con la nación. En Guanajuato fallaron con quienes fueron muertos por su cobarde participación.
Tres en Raya
-Lo mismo se desprende del operativo conjunto en Tila, Chiapas, realizado entre la fiscalía general del estado, la Fiscalía de Justicia Indígena y la GN. ¿Solo pudo realizar el “rescate” de los habitantes que estaban escondidos en sus casas? ¿La Guardia de la mano de los criminales de Tila y abusando de la vulnerabilidad de los habitantes ante quienes deberían ser sus guardianes?
Más de 4,100 personas fueron evacuadas de sus casas y de su población. Eso NO es rescate y es vergonzoso que así lo presenten las autoridades. Es ceder el territorio al crimen organizado, es capitular la esencia misma del Estado y permitir la existencia de otro “sub-Estado” dentro de la misma nación. Sucumbió el gobierno por su propia mano.
-¿Balas perdidas? Más de 186,000 muertos no son “balas perdidas”; mentira es decir que todos esos muertos estaban inmiscuidos con el crimen.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
COLABORADORA
PAL