Como ha sido ampliamente difundido, el gobierno federal en las postrimerías del periodo legislativo impulsó el decreto que modifica las leyes del ISSSTE, Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y el Sistema de Ahorro para el Retiro, estableciendo que los recursos de las cuentas individuales de los trabajadores serán transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar cuando el trabajador cumpla 70 años (IMSS) o 75 años (ISSSTE). Esta medida, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2024, ha generado un intenso debate sobre su constitucionalidad y su impacto en los derechos de los trabajadores.
Violación al Derecho de Propiedad. Pilar fundamental de cualquier estado de derecho. En México, este derecho está consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ambos preceptos protegen a los individuos de ser privados de sus bienes sin una justificación legal y sin el debido proceso.
El nuevo decreto, al permitir la transferencia automática de los recursos de las cuentas de los trabajadores sin una orden judicial, parece contravenir estos principios. La medida no solo afecta el derecho a la propiedad, sino también la seguridad jurídica, pues los trabajadores ven vulnerados sus ahorros acumulados durante años de esfuerzo laboral. Esta disposición podría considerarse verdadera confiscación, prohibida por el artículo 22 constitucional, ya que se apropia de los recursos sin compensación ni justificación adecuada, violando así la autonomía de los trabajadores sobre su patrimonio, así como el ejercicio soberano de sus derecho reales.
En tal sentido esta reforma constituye un antecedente de otras acciones confiscatorias, que en el futuro, el gobierno de la 4T pretenda realizar en perjuicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Proceso Legislativo y Democracia Deliberativa. Un aspecto crucial de cualquier cambio legislativo es el respeto al proceso legislativo adecuado. La Constitución mexicana establece claramente que las leyes deben ser discutidas y aprobadas en un contexto de deliberación pública y representación equitativa. Sin embargo, el proceso que llevó a la aprobación de este decreto ha sido cuestionado por diversas irregularidades.
El dictamen fue aprobado en la Comisión de Seguridad Social sin cumplir con los plazos establecidos para la deliberación y análisis, violando así el principio de democracia deliberativa. Según los críticos, la iniciativa no fue suficientemente discutida ni se permitió una participación amplia y transparente de todas las fuerzas políticas, lo que socava la legitimidad del decreto. Este procedimiento apresurado y opaco no solo viola las normas internas del Congreso, sino que también afecta la confianza pública en el proceso legislativo.
Impacto Social y Económico. Más allá de los aspectos legales, es esencial considerar el impacto social y económico de este decreto. Las AFORES, creadas como parte de un sistema de ahorro para el retiro, han jugado un papel crucial en la planificación financiera de millones de trabajadores mexicanos. La posibilidad de que los ahorros sean transferidos automáticamente al Fondo de Pensiones para el Bienestar crea incertidumbre y preocupación entre los trabajadores, quienes ven amenazada su seguridad económica en la vejez.
El argumento del gobierno es que esta medida busca garantizar un ingreso mínimo para todos los adultos mayores. No obstante, esta intervención estatal en los ahorros individuales puede desincentivar la cultura del ahorro y la inversión privada, pilares esenciales para el desarrollo económico del país. Además, podría generar una carga adicional para el sistema de pensiones, incrementando la presión sobre las finanzas públicas. Los recursos afectados serían totalmente insuficientes para la finalidad estipulada. Lo anterior provocará que se generen pasivos contingentes para las finanzar públicas en el futuro sin fuentes de financiamiento, es decir, abren un boquete sin ver la necesidad de enarbolar otras medidas fiscales, todo derivado de motivaciones electorales.
Ante la controversia generada, es imperativo explorar alternativas que respeten los derechos de los trabajadores y aseguren una transición justa y equitativa hacia un sistema de pensiones sostenible. Una opción podría ser la implementación de incentivos fiscales y beneficios adicionales para aquellos que decidan voluntariamente transferir sus ahorros al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Asimismo, es fundamental fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de estos fondos, garantizando que los recursos sean utilizados de manera eficiente y justa.
En conclusión, el nuevo decreto sobre las AFORES plantea serias dudas sobre su constitucionalidad y su impacto en los derechos de los trabajadores. Es esencial que el gobierno reevalúe esta medida, considerando las preocupaciones legales y sociales, y busque soluciones que fortalezcan la seguridad social sin comprometer los derechos fundamentales de los ciudadanos. Solo a través de un proceso legislativo transparente y una deliberación inclusiva se podrá construir un sistema de pensiones justo y sostenible para todos los mexicanos.
En tal virtud, los diputados que conformamos el bloque opositor hemos interpuesto una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto referido, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia repare dicha acción inopinada y se restituyan los recursos a sus legítimos dueños. Estaremos al pendiente.
POR JORGE ROMERO HERRERA
DIPUTADO
COORDINADOR DEL GPPAN Y PDTE. JUCOPO
PAL