El martes, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, condenó el ataque de Israel a la ciudad de Rafah y llamó al cese el fuego inmediato. Días atrás, el 25 de abril, México, en voz del representante ante la Organización de las Naciones Unidas, Embajador Héctor Vasconcelos, expresó el apoyo a que Palestina fuera miembro de pleno derecho de la ONU.
A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, México no reconoce de iure a Palestina como un Estado pleno. Esta posición oficial se ha justificado con base en la Doctrina Estrada, principio central de la política exterior mexicana que estipula que México no anuncia públicamente el reconocimiento diplomático de otros Estados o gobiernos. En los hechos, sin embargo, varias acciones de los gobiernos desde 2012, y particularmente del actual, confirman el apoyo de México a la autodeterminación del pueblo palestino y un reconocimiento tácito a Palestina como Estado.
Además, es posible interpretar las declaraciones recientes como un ejercicio de autonomía, pues se hacen aprovechando un margen de maniobra que ofrece el contexto desencadenado desde octubre. Éste se caracteriza al menos por dos elementos: 1) los ataques de una parte de la opinión pública en Estados Unidos y de la mundial contra el presidente estadounidense Joe Biden por su apoyo a las acciones del Ejército israelí en Gaza, 2) el interés del gobierno mexicano de asociarse a los países latinoamericanos que asume como semejantes en el plano ideológico y que han alzado la voz contra las acciones de Israel.
Dicho esto, lo que define la política oficial hacia el tema palestino-israelí es la equidistancia; se le defiende como parte de una ‘diplomacia positiva’, la cual busca el diálogo abierto con todas las partes en aras del interés nacional. Es inevitable preguntarse si en la práctica es una política que tiende a favorecer a Israel, dada la enorme asimetría de fuerzas.
Los tomadores de decisión en México pueden hacer cálculos sobre los costos para la economía nacional y los acuerdos migratorios con EU que representaría para nuestro país adoptar una postura radical frente a Israel, similar a la de Colombia (que recientemente suspendió acuerdos militares y relaciones con Israel), y concluir que serían demasiado altos e innecesarios. La cuestión es que ni siquiera este gobierno parece plantearse la necesidad de mayor asertividad vocal, acompañada de algún acto concreto inequívoco en el plano de la cooperación variada que se tiene con Israel. La política de México y otros países del Norte y del Sur Global de limitarse a condenar rutinariamente durante 75 años la violación del derecho internacional por parte de Israel cumple con una postura y una tradición, pero escasamente colabora; es a todas luces banal e ineficaz. Optar por no aislar ni sancionar a Israel, ni antes ni ahora, es ignorar que la paz y la seguridad de Norteamérica también están en juego, y con ello nuestro interés nacional.
POR MARTA TAWIL
INVESTIGADORA DE EL COLMEX
PAL