Parece un lugar común decir que las elecciones del próximo 2 de junio serán las más grandes de la historia de México, al estar más de 97 millones de mexicanos en posibilidades de emitir su sufragio y más de 20 mil cargos en disputa, sin embargo, el tema no es menor: esas renovaciones, como en cualquier democracia, traerán consigo cambios en las administraciones públicas que, a su vez, implicarán miles de procesos entrega-recepción. Imagínense los millones de documentos que estarán de por medio.
En ese escenario, nos encontramos a un elefante en la habitación: los archivos, tema del que poco se habla en el debate público pero que tiene una enorme trascendencia al ser vitales para la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la memoria histórica.
En ese sentido, en días pasados desde la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, en conjunto con el Instituto de Transparencia de Quintana Roo, el AGN y el INAI, llevamos a cabo una sesión sobre los archivos y libros blancos, de cara a estos procesos. El evento –con récord de asistencia– trajo consigo importantes reflexiones a considerar. Particularmente quisiera destacar cinco ideas:
1. La pertinencia de diferenciar los libros blancos de los archivos. Los primeros representan documentos gubernamentales en los que podemos conocer acciones y resultados obtenidos por una administración, mientras que los archivos abarcan todos los documentos producidos por una institución. Ambos son necesarios y complementarios.
2. La necesidad de erradicar la visión patrimonialista sobre los archivos. Los documentos de las administraciones públicas no pertenecen a ningún funcionario, por más alto que sea su cargo. La propia Ley General de Archivos (LGA) es contundente al establecer que los documentos públicos tienen un doble carácter: son bienes nacionales y monumentos históricos, por los que nadie los puede reclamar para sí.
3. La importancia de conocer y cumplir nuestra LGA. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y son las máximas autoridades de cada sujeto obligado en quienes recae la responsabilidad de preservar los documentos de archivo. Elemento que nos lleva al siguiente punto:
4. La responsabilidad. Tanto las personas servidoras públicas salientes, como las de nuevo ingreso, tienen responsabilidad de dejar los archivos de manera correcta y completa, como de recibirlos y denunciar si no ocurriera así. Cualquier acción u omisión, por ambas partes, que atente contra lo dispuesto en la LGA podría configurarse en un delito archivístico.
5. Y, finalmente, la necesidad de posicionar y resignificar la gestión documental como una actividad sustantiva y necesaria en todos los niveles de gobierno. En ese sentido, quienes ocupamos espacios de decisión en las instituciones públicas tenemos una enorme responsabilidad: garantizar los recursos materiales y humanos necesarios, así como la profesionalización y capacitación oportuna, para llevar a buen puerto una adecuada gestión documental.
Estamos a tiempo de que en los procesos entrega-recepción venideros se pongan a los archivos en el centro de los cambios administrativos, como un elemento necesario para el buen funcionamiento de las instituciones públicas, pero también, como siempre lo digo, como un pilar necesario para el pleno ejercicio de múltiples derechos humanos. Impulsemos y posicionemos a los archivos como eje rector de nuestro quehacer institucional cotidiano. Con ello, hagamos lo que nos corresponde.
POR LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ
COMISIONADA CIUDADANA INFO CDMX
@LAURAENRIQUEZ @INFOCDMEX
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