Hay quien afirma que en la democracia hay certeza en las reglas pero incertidumbre en los resultados. Eso vale para México y el mundo. Pero, en nuestro caso, para entender nuestra democracia habría que añadir una seguridad y una duda: la certeza de que habrá impugnaciones una vez que pase la jornada y la duda sobre si el Tribunal Electoral (TEPJF) estará a la altura. Y esto vale, sobre todo, para estas elecciones, en las que está en juego tanto.
El Tribunal Electoral es una pieza clave del sistema electoral. Este año, por ejemplo, tendrá la última palabra en los litigios que generan las elecciones federales y locales, en las que elegiremos a más de 20 mil cargos.
Y es que, una vez que pase la jornada electoral del domingo, seguramente habrá una enorme cantidad de partidos políticos y candidaturas que no estén de acuerdo con los resultados y que acudirán a las instancias de la justicia electoral a pedir que se anulen las elecciones por las más variadas irregularidades: rebase del tope de gastos, uso de recursos ilícitos, indebida intervención de los gobiernos y una larga lista de etcéteras. En México, por desgracia, impugnar las elecciones es casi un deporte nacional.
Sucede, sin embargo, que el árbitro llegará maltrecho y cuestionado al final de este proceso. De entrada, la Sala Superior del Tribunal Electoral, que debería tener siete integrantes, en la actualidad solo tiene cinco, pues el Senado se ha negado a cumplir con su obligación de cubrir dos vacantes. Lo anterior podría parecer una mera formalidad, si no fuera por un pequeño detalle: la ley exige que sean al menos seis los integrantes que decidan si la elección presidencial es válida o no.
Por lo anterior, la propia Sala Superior tendrá que convocar a una magistrada de sus salas regionales —el Tribunal Electoral tiene seis de estas salas, que también están incompletas— para calificar la elección presidencial. Hasta el momento, desconocemos qué criterio usará la Sala Superior para nombrar a esta persona, ni en qué condiciones podrá sumarse para calificar la elección presidencial. Las cosas, para decirlo pronto, no pintan bien.
Por si fuera poco, la Sala Superior llegará profundamente dividida a la etapa de impugnaciones. Durante los últimos años, las magistraturas electorales han protagonizado una enorme cantidad de conflictos que han generado, incluso, la renuncia de tres presidencias y un sinfín de choques con actores internos y externos.
Peor aún, estas divisiones se han reflejado también en las votaciones para resolver asuntos por demás polémicos, en los cuales parece que el Tribunal decide más con lógicas políticas que jurídicas. Quien quiera conocer a más detalle las fallas y los fallos de la Sala Superior puede consultar aquí los detallados informes del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (https://www.anie.mx/).
Esta suma de certezas e incertidumbres genera un escenario propicio para la tormenta poselectoral perfecta. Los miles de litigios electorales serán resueltos por un árbitro cuestionado en su legitimidad e imparcialidad. Y eso es preocupante, gane quien gane.
POR JAVIER MARTÍN REYES
INVESTIGADOR EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM
@JMARTINREYES
MAAZ