De acuerdo con las últimas proyecciones proporcionadas por distintos institutos de estudios poblacionales en Europa y Norteamérica difundidas a finales del año pasado, en 2024, la población mundial, llegaría sin ningún contratiempo, a la histórica cifra de 8 mil millones de personas, (añadiendo aproximadamente entre 73 y 79 millones más a la billonaria cantidad antes citada).
Una verdadera locura, si se considera que la sobrepoblación en muchas partes del planeta ha originado graves desequilibrios atmosféricos en esas regiones, así como una sobre explotación de los recursos naturales que, a la vez, se han traducido en un profundo y alarmante desequilibrio medioambiental, del cual difícilmente podría esperarse un retorno positivo o una recuperación de dichos ecosistemas en cientos de años.
En medio de este contexto, la importancia de poder dimensionar que las asimetrías económicas entre ricos y pobres a nivel internacional se han recrudecido en prácticamente todo el planeta, es fundamental para dilucidar que, sin una cobertura de protección social eficiente y profunda, muchas personas, no podrían ver el amanecer a diario.
Y es que después de la pandemia del COVID-19 muchas cosas cambiaron.
De acuerdo con el Informe Estado de las Redes de Protección Social 2018, elaborado por el Banco Mundial, “en un mundo volátil, hay sólidas muestras de que los programas de protección social pueden ayudar a fortalecer la resiliencia de las familias pobres y a reducir su grado de pobreza, lo que convierte a esos programas en un instrumento esencial para el desarrollo rápido de las naciones. Cuando no existen estos programas de protección social, las personas pobres que encaran crisis pueden sumirse, aún más en la pobreza y, con frecuencia, tener que vender los activos que les quedan o contraer más empréstitos”.
A su vez, el Reporte sobre el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023, elaborado por la Comisión nombrada de igual manera (Cepal), indicó que en los 15 países de la región latinoamericana de los cuales se dispone información a 2021 ó 2022, el promedio del decil X, (los hogares más ricos), reciben un 34.9% del ingreso total del PIB de sus respectivos países, algo que representa 21 veces más, que el decil I, en donde se localizan las personas menos adineradas (1.7%).
Esta situación evidencia que la concentración del ingreso y la dispersión de recursos para apoyos sociales y el mejoramiento de las condiciones de vida entre ricos y pobres, es tremendamente asimétrica, lo que recrudece las condiciones de vida entre unos y otros e imposibilita que la distancia disminuya. Si esta situación se comparara con muchos países desarrollados, uno podría apreciar que el paquete de ayudas que recibe un ciudadano en naciones como: Francia, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Italia, entre otros, sería notoriamente mayor y proporcionalmente mejor a la recibida en países como México, Argentina o Uruguay, por citar algunos ejemplos.
Francia, por ejemplo, es una nación conocida por su amplio sistema de bienestar social, que va mucho más allá de la entrega de ayuda económica a los pobres, la Renta de Solidaridad Activa (RFA, en francés).
Un programa destinado a personas mayores de 25 años o, al menos, de 18 años, (si se trata de padres solteros o si pueden probar que han trabajado durante algún tiempo previamente). Es un programa que beneficia a grandes segmentos de su población y trata de generar mejores condiciones de desarrollo para personas cuyo núcleo familiar es difuso.
El RFA no exige que el beneficiario tenga hijos, aunque si los tiene, el beneficio de la ayuda es mayor.
Un padre soltero con dos niños puede recibir hasta unos mil 190 dólares mensuales, pero el monto se verá reducido en caso de que la persona reciba algún ingreso u otros beneficios monetarios adicionales a esta ayuda.
En Suecia, uno de los países más representativos del famoso Estado de Bienestar Nórdico, las personas pueden acceder a un paquete numeroso y atractivo de beneficios sociales tales como: Pensión de Viudedad, Pensión por jubilación, Prestación por enfermedad, Subsidio de establecimiento, subsidio de manutención, subsidio familiar, subsidio a la vivienda, subsidio parental y ayuda económica por desempleo.
En el caso de los Estados Unidos, cuentan con una extensa cobertura de apoyos sociales tales como: el programa de asistencia nutricional y alimentaria, SNAP (por sus siglas en inglés), Servicios de salud para adultos Medicare y el programa de seguro médico para niños (CHIP), Vales de vivienda subsidiada y vivienda pública, y renta asequible ya sea propiedad privada o del gobierno, Programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos TANF (por sus siglas en inglés), Programa de Asistencia Temporal para familias necesitadas, y el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI siglas en inglés).
De acuerdo con información ofrecida por la OCDE, Francia sigue siendo el país de la Organización que más gasta en prestaciones sociales, como revelan los últimos datos publicados por el organismo. El gasto social en esta nación representó 31.6% del PIB en 2022. Este gasto cubre todas las prestaciones sociales públicas: jubilación, salud, familia, empleo, etc.
Cerca del nivel del país galo se encuentran países vecinos como Italia (30.1% del PIB) y España (28.1%). La media de la OCDE que reúne a 38 de los estados considerados más desarrollados del mundo) es de 21.1%. Países de Latinoamérica, como Chile, Colombia y Costa Rica no alcanzan la media, y México, por su parte, es el país de la OCDE, hasta su última medición, que menos gasto público social tiene en relación con su PIB.
En conclusión, como se puede apreciar la mayor parte de las economías desarrolladas a nivel internacional ofrecen una gran cantidad de programas de asistencia social y cuentan con un sistema de protección social orientado a mitigar las desigualdades sociales y económicas de su población, con el propósito de crear condiciones de desarrollo y subsistencia dignos y eficientes para los sectores menos favorecidos de sus sociedades.
Para ello, las aportaciones económicas con relación a su PIB que ayuden a atender estos objetivos rebasan en la mayor parte de los casos, 20 por ciento del total de sus ingresos públicos. Sería conveniente que México analizará con detenimiento dichas experiencias, pero, sobre todo, el nivel de cobertura y recuperación fiscal que proponen dichos países, cuyo desarrollo social y económico ya está comprobado. Los programas sociales y su progresividad deben quedarse, pues la profundidad de sus resultados se da en torno a su continuidad y monitoreo.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INAP
EEZ