Al cerrar el periodo ordinario de sesiones, el Senado de la República deja atrás un legado de controversias, omisiones y pendientes que marcaron tanto su legado, como el futuro inmediato del legislativo en México.
El Senado, que concluyó sesiones, enfrentó críticas significativas por múltiples violaciones constitucionales y omisiones legislativas.
Durante estos años, se emitieron 35 decretos que fueron objeto de escrutinio y controversia, con 21 de ellos siendo declarados inconstitucionales, total o parcialmente, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Estas acciones incluyen reformas en sectores críticos como salud, educación y telecomunicaciones, cuyas modificaciones se realizaron sin el consenso necesario, dando espacio para las acciones legales por parte de las minorías y diferentes organismos autónomos que vieron lesionados derechos.
Además, el Senado ha dejado una cantidad considerable de nombramientos sin realizar, lo que afecta a siete instituciones clave para las funciones del Estado mexicano.
Esta situación da lugar a vacíos en organismos públicos autónomos tan importantes como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuya operatividad y eficacia dependen directamente de que los senadores cumplan
con su deber constitucional de nombrar a sus
integrantes.
Además, la Cámara de Senadores ha sido escenario de múltiples escándalos que incluyen desde acusaciones de corrupción, hasta conductas impropias de sus miembros, destacando el uso de los recursos y espacios del recinto legislativo ubicado en avenida Paseo de la Reforma para fines personales o partidistas, que dejan en tela de juicio el decoro de la institución.
En medio de este panorama, el llamado Bloque de Contención, integrado por partidos de oposición, como Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, frenó algunas de las reformas más controvertidas, logrando que la Suprema Corte invalidara varias de estas reformas por su ‘inconstitucionalidad’.
Este bloque legislativo interpuso 39 acciones de ‘inconstitucionalidad’, lo que es testimonio de judicialización de la política, como mecanismo de última instancia ante un legislativo polarizado y frecuentemente paralizado por la ausencia de acuerdos democráticos.
El cierre de esta legislatura no sólo refleja un periodo legislativo marcado por la discordia y la falta de diálogo, sino que también plantea incógnitas sobre la capacidad de la Cámara de Senadores para maniobrar los desafíos posteriores, cara a la creciente demanda por transparencia, eficiencia y respeto al marco legal del país.
La próxima legislatura heredará no sólo los pendientes legislativos, yerros y nombramientos, sino también la tarea urgente de restaurar la integridad y funcionalidad de esta Cámara alta, que forma parte del sistema legislativo bicameral, del andamiaje democrático y plural del federalismo mexicano.
POR DR. GABRIEL TORRES ESPINOZA
PROF. INVESTIGADOR EN LA UDG
@GABRIELTORRESES
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