Hace unas semanas el presidente de México hizo públicos los datos personales de una periodista. La noticia trascendió y enardeció los ánimos de muchas personas. Todo plenamente justificado. No solo el presidente debe ser el primero en respetar las leyes, sino que, cuando no lo hace, el impacto es mucho mayor. Y no, este artículo no llega tarde, porque no se centrará en ese evento, que solo utilizo a manera de introducción.
Y así como sucede con la corrupción, quienes ignoran o buscan cómo darle la vuelta a las leyes, no se limita a políticos o servidores públicos.
Hace tiempo abrí una cuenta en una reconocida institución bancaria. Como sucede en esos casos, un ejecutivo me pidió que firmara diversos documentos. Uno era el contrato con el banco, un contrato de adhesión. Sin entrar en detalles, en los contratos de adhesión, una de las partes, en este caso el cliente, no puede hacer cambios y solo tiene dos opciones o se adhiere al contrato o se va.
Junto con el contrato para abrir la cuenta, me dieron otro escrito, el famoso aviso de privacidad. Ese en el que el que quien recaba nuestros datos personales, se compromete a resguardarlos y no divulgarlos. Al igual que el contrato, ya viene impreso y solo le agregan nuestra información. Hasta aquí todo bien.
El problema es que hay una parte donde nos preguntan si aceptamos que el depositario de nuestros datos, es decir, la compañía con la que estamos contratando, comparta o no nuestros datos con otros. Lo correcto es que vengan dos casillas, una con la opción de sí y otra con un no. Y así viene, pero la opción del sí viene previamente marcada. Y eso, es contrario a la ley. Eso es ilegal.
Lo mismo me sucedió al renovar el servicio con una compañía de telefonía celular. En ambos casos, los empleados dijeron que no era para venderlos ni compartirlos con otras compañías, solo con otras áreas de ese negocio. Supongamos que es verdad; aun así, esa práctica sigue siendo ilegal. Además, debido a esto, esa empresa está facultada para compartir nuestros datos, porque así se lo autorizamos, aun cuando no quisiéramos.
Existen muchas razones por las que se creó la Ley Federal de protección de datos personales en posesión de los particulares y del porqué es importante que, quienes los recaban, los resguardan celosamente. No solo es para evitar que negocios, a los que nunca les dimos nuestros datos, nos estén fastidiando para vendernos algo que no necesitamos.
Las empresas que de una manera ilegal obtienen nuestra autorización para compartirlos y lo hacen, al igual que quien rompe un secreto, pierde el control de qué uso hará con esa información aquél a quien se lo compartió ni a quién más se los revelarán, pudiendo ser incluso que nuestros datos acaben en manos de criminales.
En mi opinión, no podemos exigir que otros, países, autoridades, socios, clientes o proveedores respeten las leyes, si no se lo exigimos a todos y empezamos por nosotros mismos.
POR SERGIO G. HARO
Miembro del comité directivo del capítulo Baja California Sur de la BMA
@SGHaro
MAAZ