La violencia en el estado de Morelos parece no tener fin y lejos de mejorar, conforme pasan los meses la situación empeora.
Si sus habitantes pensaban que con la salida del gobernador Cuauhtémoc Blanco, que ahora busca una diputación federal, las cosas en materia de seguridad serían más favorables, se equivocaron.
Si bien el principal indicador de violencia sigue siendo el de homicidios dolosos (en cifras absolutas o en tasa por cada 100 mil habitantes), existe otro que de manera subrepticia pero sostenida ha venido empeorando, me refiero a la extorsión, en sus modalidades, telefónica y presencial.
Aunque la modalidad telefónica sigue siendo la de mayor recurrencia, con al menos el 90% del total de casos denunciados, la de tipo presencial avanza silenciosa e inexorablemente, sobre todo en aquellas comunidades y ciudades donde el tejido social está muy deteriorado como en el estado de Morelos.
Justo en esta entidad es donde una nueva modalidad de extorsión comienza a florecer de manera discreta y hasta cierto punto inofensiva, pero así comienzan los grandes delitos y el estado de Morelos ha sido testigo de como un joven que robaba tapones de rines de vehículos (autopartes) terminó siendo uno de los secuestradores más temidos, me refiero a Daniel Arizmendi, mejor conocido como “El Mochaorejas”.
La extorsión en ciernes a la que me refiero consiste en que menores de edad son utilizados por adultos para que, emulando a los “cerillos” de los grandes supermercados, se coloquen en el interior de las tiendas de conveniencia y “obliguen” a los clientes a utilizar sus “servicios” de apoyo aunque no los requieran, los cuales van desde prestarle los cestos o canastas para colocar los artículos a adquirir, hasta acompañarlos a sus vehículos a cambio de una cantidad de dinero que no precisan y dejan al criterio del cliente, pero es claro que les tienen que pagar.
Lo anterior podría ser loable y hasta socialmente valorado, sin embargo al ser “obligado” y supervisado desde fuera de los establecimientos por personas adultas, que en todo momento observan la labor de los menores de manera poco amable hasta que el cliente se retira, se interpreta como una extorsion velada.
No quiero imaginarme qué pasaría si el cliente de dichas tiendas no les entrega una cantidad de dinero a los menores o a las personas adultas que los resguardan a cierta distancia, podrían hacerse acreedores a otro tipo de cobros e incluso amenazas.
Sí las autoridades locales no se han dado cuenta y los padres de familia tampoco, podríamos estar frente a una “falta” o iniciativa que por ahora parece menor, sutil e intrascendente pero que en el futuro puede derivar en un hecho que la ley señala como delito y tal vez ya sea demasiado tarde.
No olvidemos que la extorsión telefónica y presencial tienen una cifra negra del 99.8%, y golpea primero el tejido social y después la economía de una comunidad, estado o país.
Sí no la identificamos y tomamos medidas preventivas a tiempo en lo social y policial, la extorsión jamás disminuirá y mucho menos se erradicará como de manera casi inocente se ofrece en las campañas electorales de candidatos a gobernador y presidente de la República, con comandos armados y miles de cámaras de videovigilancia, cuando la clave está en los valores, la familia y el tejido social.
Sí a esto le agregamos que solo se denuncia el 0.2% de las extorsiones que se cometen en el país, toda política pública y estrategia, así como los planes y programas que se instrumenten para atender este flagelo serán insuficientes.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
PAL